Hoy se decide si el juez Velasco es sancionado por la fuga de la etarra Maite Aranalde

Juanes ha recabado toda la información disponible desde el momento en que la miembro de ETA fue entregada a la Audiencia Nacional --donde tenía pendientes dos causas por tenencia de explosivos y estragos-- por las autoridades francesas. La falta de documentación sobre la presunta participación de la etarra en la colocación de bombas en 2004 provocó que sólo pudiera abordarse su relación con la acumulación de dinamita, cuestión que recayó en el juez Eloy Velasco, en sustitución de su compañero Baltasar Garzón que estaba en ese momento de vacaciones.

Velasco decidió imponer a la etarra una fianza de 12.000 euros para eludir la prisión. El pago de esta cantidad por parte de su familia provocó su inmediata liberación de la cárcel de Soto del Real, el pasado jueves.

El viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión de Velasco y pidió que se impusieran a la etarra mayores medidas cautelares para evitar su huída, entre ellas vigilancia policial permanente y comparecencias diarias en comisaría. Esta petición del Ministerio Público no fue resuelta hasta el lunes, al regreso del juez Garzón que decidió revocar la libertad y ordenó su inmediato encarcelamiento.

No obstante, cuando las Fuerzas de Seguridad se dirigían a cumplir la orden del juez, comprobaron que la etarra no se encontraba en su domicilio. Su búsqueda durante todo el lunes y la mañana del martes resultó infructuosa, lo que obligó a Garzón a dictar una orden de busca y captura en su contra, al considerar que se había dado a la fuga.

Tras escuchar el informe del presidente de la Audiencia Nacional, la Sala de Gobierno decidirá si procede "adoptar alguna decisión" al respecto o si simplemente "se dá por enterada" del suceso, añadieron las citadas fuentes.