La UCM y CC.OO. crearán un Observatorio sobre la deslocalización de empresas minerometalúrgicas

Este acuerdo se constituye como un paso más para tratar de atajar el problema de deslocalizaciones que está sufriendo la industria en Madrid. Este observatorio tendrá entre sus funciones el análisis de qué empresas dentro del sector minerometalúrgico están involucradas en procesos de desinversión, deslocalización y subcontratación productivas. Asimismo investigará qué características principales tienen dichos procesos y qué causas los motivan.

Según Luis Fernando de Luis, "este sindicato tiene la obligación de tratar de adelantarse a los problemas que puedan surgir y que amenacen el empleo y la industria", en consecuencia, asegura "la FMM de CC.OO. debe proponer alternativas industriales sólidas y documentadas como las que esperemos que fructifiquen en el seno de este acuerdo".

Otro de los objetivos de este acuerdo es investigar las repercusiones que las deslocalizaciones tienen en los mercados de trabajo locales o sectoriales, en las condiciones de trabajo de las empresas implicadas y en la marcha de la negociación colectiva. Se prestará especial atención a las concepciones, respuestas y comportamientos de los agentes sociales implicados y de las autoridades públicas que tienen la obligación o la posibilidad de intervenir en los procesos y conflictos que puedan producirse.

Asimismo mediante este acuerdo está prevista la realización de seminarios conjuntos cuyo objetivo sea, entre otros, el intercambio de ideas sobre posibles objetivos de análisis, la publicación y exposición de los resultados de la investigación, actividades de formación o asesoramiento y formulación de propuestas que intenten minimizar los riesgos para municipios y entramados productivos y laborales afectados.

Cada uno de estos objetivos requerirá la elaboración de un convenio de colaboración específico y además ambas partes se comprometen a la búsqueda de fuentes de financiación complementarias para lograr los fines perseguidos. El acuerdo tendrá una duración de dos años prorrogables. Además en el documento se establece la creación de una comisión mixta que concretará las acciones específicas.