Senado argentino debatirá polémica ley de medios

La iniciativa ya aprobada en Diputados, cuenta con el respaldo de bloques de centroizquierda en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría para sancionar la ley, que es resistida por entidades de empresarios de medios, pero avalada por la mayoría de los sindicatos de trabajadores de prensa.

El proyecto garantiza el acceso a un tercio del espectro audiovisual a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, y reparte el resto entre el Estado (medios públicos) y los medios privados comerciales en partes iguales.

Además, limita el otorgamiento de licencias para evitar posiciones monopólicas y obliga a las empresas a deshacerse de sus canales de aire o de cable en el plazo de un año, porque el proyecto prohíbe que el dueño de un canal de aire tenga uno de cable en la misma zona.

El plazo de desinversión es uno de los puntos más resistidos por la oposición, que advierte sobre una eventual intención del Gobierno de avanzar en la compra de medios a través de empresarios aliados.

Entre las empresas afectadas en caso de aprobarse la ley está el principal grupo multimedios del país, Clarín, un crítico feroz del Gobierno.

Otro punto en discordia es la autoridad de aplicación de la ley, que según el proyecto tendrá siete integrantes (dos del Ejecutivo, tres del Congreso, y dos por entidades de profesionales) y carácter autártico, pero que la oposición insiste en darle una mayor autonomía del Ejecutivo.

De sancionarse, la ley reemplazará a la actual legislación que data de la última dictadura (1976/83).

La iniciativa es además rechazada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), pero cuenta con el respaldo del relator especial de la ONU sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, el guatemalteco Frank La Rue.