Inseguridad ciudadana y situación carcelaria

Cuando la ola delictiva azota con más fuerza, se suelen plantear reformas al sistema de penas con la intención de endurecerlas, como si con ello se lograra frenar el número de delitos. No obstante, según puede demostrarse, no existe una relación directa entre el incremento de las penas y la reducción del delito. Además, tampoco resulta coherente incorporar reformas parciales sin considerar la situación penitenciaria general.

Hace dos años, el presidente de la República decretó en emergencia al sistema carcelario. Sin embargo, no se han rendido cuentas aún de esta como de las demás emergencias. ¿Qué resultados se pueden exhibir hasta el momento de la movilización de recursos en virtud de ese decreto?

Pese a la salida de las cárceles de alrededor de 3 000 presos sin sentencia, todavía permanece en ellas más del doble en esas condiciones.

No se resuelve el problema de sobrepoblación y hacinamiento en la mayoría de centros penitenciarios. Resulta urgente acelerar la construcción de nuevas cárceles anunciada.

El sistema penitenciario tiene una función disuasiva y, además, debe cumplir la función de rehabilitación de los detenidos y su inserción en la sociedad. Más de una treintena de las cárceles en el Ecuador no cuenta con infraestructura básica para albergar a la población que se encuentra en ellas. Tampoco el personal es suficiente ni tiene la preparación necesaria: según cifras difundidas meses atrás, se cuenta, en promedio, con un guía por cada 80 presos. Las cárceles no rehabilitan, sino son, en muchos casos, espacios de reproducción de la violencia y perfeccionamiento del delito.

Hace falta formular con claridad una verdadera política pública para el sistema carcelario y poner los recursos permanentes para ejecutarla. Y, sobre todo, emprender en reformas integrarles de las leyes penales, conseguir una justicia más ágil y eficaz y que las cárceles cumplan su papel de disuadir y rehabilitar.