La semana pasada fue escenario de encuentros, diálogos y manifestaciones bajo el signo de la necesidad de dialogar, dar a conocer las opiniones de las partes, reconocerse unos y otros como actores de un complejo proceso político e ideológico, en medio del cual estas la mayoría de los ecuatorianos como espectadores, pese a que en él se juega su destino.
Incluso tuvimos la presencia de representantes de la SIP, cuyo interés se dirigió a las duras y tensas relaciones del Gobierno en general, y del presidente Correa en particular, con los medios de comunicación. Una organización continental que ha recibido de Correa, como es habitual cuando se le contraría de alguna manera, fuertes descalificaciones.
Los proyectos de Ley de Comunicación que se estudian en la Asamblea Nacional, y que han provocado agudos y encontrados criterios entre especialistas, editorialistas, profesores universitarios, instituciones de todo tipo y, desde luego, de representantes de los medios de comunicación tanto desde el área editorial como empresarial.
“Nos preocupa la aprobación de una ley con carácter restrictivo en materia de libertad de prensa y que se esté legislado de una forma casuística”, dijo el vicepresidente de la SIP, Gonzalo Marroquín.
Aún no surgen los consensos necesarios, o tal vez hay quien teme abrir la vía hacia ellos. Y el tiempo corre en contra de algo esencial: la libertad de expresión es lo que hay que salvaguardar. Los días pasan y la discusión se va desviando peligrosamente hacia otros asuntos, a veces superfluos o anecdóticos.
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