Preparan campaña en pro de los derechos sexuales

Al respecto, la Viceministra de Educación preescolar, básica y  media, Isabel Segovia, señaló que para el Ministerio acatar la orden será una labor sencilla pues "eso lo venimos trabajando en los colegios desde hace mucho tiempo".

De acuerdo con la funcionaria, desde el 2007 el Ministerio tiene activo un Proyecto de educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía, cuyo objetivo es educar a los niños frente a sus derechos y deberes en materia sexual y reproductiva.

Por eso, el fallo de la Corte es interpretado por Segovia como "una oportunidad para hacer aún más educativo el proyecto, pues es la falta de información la que lleva a los jóvenes a tomar malas decisiones que pueden afectar su proyecto de vida".

De modo que, para la viceministra, ejecutar la orden de la Corte será cuestión de incluir, dentro de su proyecto de educación sexual, información puntual sobre el aborto en los tres casos en los que está despenalizado. El reto está en darle el tono  pedagógico a la información para que llegue de una manera efectiva a los niños.

La Corte, por su parte, aclaró que sólo espera que el Gobierno, a través de los Ministerios de Educación, de la Protección Social y la Superintendencia de Salud, reglamente la pedagogía que se debe impartir en torno a la sentencia que despenalizó el  aborto en casos de fuerza mayor.

El alto tribunal será insistente en tres aspectos: Que la objeción de conciencia es individual y no colectiva o institucional; es decir, que sólo la puede invocar el médico; que los jueces no pueden invocar la objeción de conciencia porque estarían faltando a sus funciones y estarían prevaricando, y, por último, que se deben corregir una serie de obstáculos que han impuesto las instituciones de salud como el de exigir requisitos adicionales para interrumpir el embarazo.

Además, los magistrados consideran que el gobierno debería establecer, mediante una ley o norma, temas como el del tiempo para practicar el procedimiento.

Insistió, además, en que la labor pedagógica debe estar dirigida no sólo a los jóvenes sino también a capacitar a los profesionales de la salud de manera adecuada para que vayan en la misma línea de las disposiciones dictadas por la Corte.


Iglesia, en contra

Entre tanto, la Iglesia Católica se mostró totalmente opuesta a la decisión de la Corte Constitucional, la cual dijo va en contravía de los derechos humanos y de la fe del pueblo colombiano.

"Como católicos rechazamos de forma enfática este pronunciamiento, porque básicamente a los niños y jóvenes católicos del país no se les puede decir que el aborto es un derecho, pues el aborto sigue siendo un delito en Colombia", aseguró monseñor Juan  Vicente Córdoba Villota, secretario general de la Conferencia Episcopal.

Agregó que "si la Corte Constitucional le pide a los colegios y las instituciones que enseñe a los niños cómo hacer un aborto y cómo facilitar ese proceso, pues énfaticamente rechazamos este pedido pues los estudiantes y sus papás tienen derecho a ser  formados en la fe católica".

Monseñor Córdoba Villota, quien dijo hablar en representación también de las iglesias cristianas y los rabinos judíos del país, le solicitó a la Corte que se dedique a los asuntos judiciales para los que, según él, fueron designados y que dejen la  legislación en manos de los entes encargados.

"Pedimos a la Corte que sea vocero y canalizador de los sentimientos e ideas del pueblo colombiano, un pueblo católico y cristiano... No podemos permitir que cinco o seis personas decidan por 43 millones", recalcó.

Finalmente señaló que "ellos no van a enseñar ni a permitir que en los colegios católicos se enseñe que el aborto es un derecho o que es algo bueno".

Agregó que "no es que vayamos a desacatar ninguna orden, sino que como somos católicos, cristianos o judíos, no nos pueden obligar a ello. Los educadores católicos no vamos a enseñar eso, vamos a enseñar el respeto a la vida".

Por su parte, para Manuel Bernal, representante de la Confederación Nacional de Educación Privada, CONEP, trabajar de una manera tan específica como lo ordena la Corte Constitucional con estos temas no está bien.

"Por un lado, porque esa es información  que debe ser responsabilidad de los hogares, y segundo porque se le está quitando tiempo e intensidad a la formación académica de los jóvenes", señala.