Hace más de un mes, el Gobierno decretó estado de excepción por 60 días en las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta con el fin de combatir la ola delictiva. La medida ordena el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía en el control antidelictivo, de armas y vehículos.
Bien se conoce que este tipo de medidas es de dudosa eficacia, alcances parciales y de corta duración y que en ningún caso llegan a la raíz del problema de la inseguridad ciudadana.
El sector público y el sector privado invierten cada vez más recursos en seguridad. Solo el último año, el Estado destinó a la Policía $300 millones para equipamiento. En los últimos años, las empresas, las familias y los individuos gastan más en guardianías, alarmas y cualquier otro recurso para protegerse. Sin embargo, no se detiene el azote delictivo.
Hay una desproporción entre la inversión en seguridad y el creciente número de delitos contra las personas y la propiedad. Esta evidencia debería llevar a una revisión integral seria de las políticas de seguridad pública para lograr resultados más eficaces.
Las respuestas parciales a la creciente inseguridad son solo de carácter coercitivo, y ni siquiera cuando se proponen programas preventivos se busca la coherencia entre estos y el sistema de justicia o la participación de las comunidades en esos programas y la estructura de valores de estas.
Se requiere afrontar con una visión integral el problema de la inseguridad ciudadana y trabajar de forma simultánea para recuperar la confianza y la eficacia en la institución policial, mejorar el sistema de administración de justicia y la situación carcelaria y propiciar programas de participación ciudadana en la prevención, y de carácter educativo para promover valores de solidaridad y cooperación social.
Urge que la Policía rinda cuentas de forma periódica de los resultados de su acción para cumplir la obligación de garantizar la seguridad ciudadana.
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