El motivo de estas sanciones ha escandalizado a la comunidad científica, que no se explica cómo la Consejería, y más concretamente el Servicio de Patrimonio Cultural dirigido por
Emilia Calleja, puede esgrimir argumentos tan nimios y con ellos interrumpir la labor profesional de tres investigadores de esta talla.
De hecho, Diario Crítico intentó ponerse en contacto con la Dirección General de Patrimonio de Cantabria para conocer el punto de vista de su director,
Justo Barreda, pero éste no quiso hacer ninguna declaración al respecto.
Así, a
César González Saiz, se le expedienta por haber realizado supuestamente un estudio de arte rupestre en las cuevas de Morín sin el permiso pertinente. En el caso de
Urquijo y
Weniger, se les acusaba en un principio de seis faltas graves, entre ellas haber cambiado el candado de las cuevas o no haber devuelto la llave de las mismas en el plazo acordado.
Como suele ocurrir en estos casos, hay una explicación que los afectados no dudan en relatar. Todo viene de largo, desde el momento en que Urquijo solicitó un permiso en la Consejería para realizar excavaciones en las cuevas de Morín en el año 2008. El permiso fue denegado y se esgrimía como razón que el estudio de la cueva estaba previsto en un futuro plan del Museo Arqueológico Regional. Ante esto, se interpuso un recurso dado que esa razón no está prevista en la normativa vigente. Y se ganó, pero sin tiempo apenas para excavar.
Excavación contra reloj
No obstante, en tan sólo unos diez días Urquijo y Weniger tenían a su equipo metido en las cuevas de Morín trabajando a contra reloj. Desde noviembre a febrero realizaron un extenso trabajo de laboratorio que culminó en marzo con un informe preliminar que se entregaba a Cultura. Y en los días posteriores, González Sáiz, Urquijo y Weniger recibían por correo certificado y
“sin aviso previo” el expediente sancionador.
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Y es que, en opinión de César González Saiz, el mero hecho de haber ganado un recurso y haber comenzado un proyecto que a la administración no le interesaba ha provocado una
“pataleta administrativa”.
El caso más llamativo es, precisamente, el de González Saiz. Sólo figura en el proyecto en la relación de investigadores que analizó unas muestras de huesos en el laboratorio. Pero la dirección General de Patrimonio le acusa de haber realizado un estudio de arte rupestre sin el permiso adecuado.
Según el catedrático, durante la excavación se encontraron unos pequeños restos de pintura roja en las paredes de la cueva, que ni los propios arqueólogos ni la Consejería habían tenido conocimiento con anterioridad. Él, sin embargo, ya había leído algo al respecto y como especialista en la materia se interesó por ellos.
“Aprovechando que fui de visita, me pidieron que echara un vistazo por si tenía algún tipo de interés, dado que el que haya restos es un dato muy relevante a la hora de analizar los comportamientos humanos en esa etapa del Paleolítico”. González Sáiz se desplazó a la cueva un domingo y con la única ayuda de su linterna escudriñó las paredes durante un par de horas.
“Lo que hice fue darles mi opinión sobre el asunto, y en el informe preliminar se ha reproducido en un par de párrafos, algo que ahora se considera un estudio ilegal de arte rupestre”.
Cambiar un candado roto se castiga con la inhabilitación
En el caso de Urquijo y Weniger, se les atribuían seis faltas penadas con cuatro años de inhabilitación cada una de ellas. Estas eran por no haber devuelto la llave de la cueva en el periodo previsto, por haber dejado material para la excavación en el yacimiento o haber cambiado el candado de la puerta. Según Urquijo, el 18 de diciembre tenían que abandonar la excavación, y había unas 400 sacas de 50 kg cada una de sedimento que debían retirar. El vehículo con el que debían transportarlas se atascó y hubo que llevar las sacas a hombros hasta la carretera.
“Ante tal situación avisamos a la sección de arqueología. Dije que teníamos aún 300 sacas por sacar y ellos nos dijeron que no había ningún problema en que nos quedáramos la llave para seguir retirando el material”. Pero ahora, aunque afirman tener constancia de la llamada, alegan que entendieron que las sacas no estaban dentro de la cueva sino fuera, y que sí que tenían que haber devuelto la llave en el plazo.
Sobre el cambio del candado, la razón es bien sencilla: se rompió, con lo cual se sustituyó por uno nuevo. Otro de los motivos es que no habían informado por escrito de la finalización de los trabajos.
“Nosotros lo notificamos por tres vías distintas, algo que ya han podido demostrar y que por eso han retirado de los cargos.”, añade. Y es que González Sáiz, Urquijo y Weniger ya han presentado alegaciones. En la primera de ellas se les bajó la sanción, que ha quedado, de momento, en una falta leve con dos años sin investigar para González y dos faltas leves de cuatro años en total para los otros dos arqueólogos. Pero los afectados no están conformes en absoluto, y el próximo paso es la contestación del propio Consejero de Cultura, Francisco
Javier López Marcano, al recurso de alzada que han presentado.
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Hasta las últimas consecuencias
Si esto no surte efecto, seguirán adelante.
“Iremos al contencioso si el recurso alzada no nos da la razón, porque no hemos hecho nada malo y estamos convencidos de ello. Los tribunales están para algo, se puede dar mucha murga y vamos a dar toda la que sea necesaria”, afirma González Sáiz de forma rotunda.
Y es que esta sanción les complica la vida en gran manera. González Sáiz, por ejemplo, ya no puede llevar a sus alumnos a visitar una cueva que no tenga guía, y aque no puede pedir el permiso necesario para abrirla él. Con tres libros ya publicados anteriormente por la Consejería, ahora se ve con varios trabajos pendientes de publicación que no sabe si podrán ver la luz.
Y a Urquijo y Weniger se les añade el hecho de que su proyecto ha sido paralizado. Con que les den la razón y les quiten la sanción no se acaba el problema, sino que lo que realmente quieren estos dos arqueólogos es poder continuar con su estudio. Además, hay implicaciones económicas dado que en estos casos los investigadores adelantan el dinero y luego la Consejería lo devuelve previa justificación del mismo, y Urquijo calcula que lo que han invertido de su propio bolsillo ronda los diez mil euros. “
Pero el problema de fondo, -afirma Urquijo-, es la continuidad o no del proyecto. Si se resuelve esto, la cuestión económica también.”.
Desvirtuan la ley
Otro asunto que preocupa, y no sólo a ellos sino a la comunidad científica en general, es que quienes han impuesto estas sanciones están utilizando como herramienta de presión la legislación, una legislación pensada para proteger el patrimonio de quienes puedan dañarlo, y que así lo están desvirtuando. “
Estos castigos son para gente que hace una pista y se carga una megalito, para quien hace una excavación ilegal, pero no para gente que no ha hecho daño al patrimonio sino todo lo contrario” afirma Urquijo.
“Llevamos 30 años dando a conocer el patrimonio de Cantabria en clase, en conferencias, libros y artículos, y que vengan ahora y te inhabiliten por haber hecho un supuesto estudio de arte rupestre sin permiso es una vergüenza”, añade su compañero.
Además, la Ley de Patrimonio Histórico que hay en Cantabria dice que las sanciones que corresponden a las faltas leves o graves son o una multa económica para reparar el daño hecho o, inhabilitación en el caso de los funcionarios.
“Dicen una cosa u otra, y ellos no han puesto lo más perjudicial para nosotros, que es la inhabilitación. Lo que te están diciendo es multiplíquese usted por cero y desaparezca de nuestra región en materia de investigación” afirma González Saiz
Movimiento de solidaridad
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Mientras los afectados esperan una respuesta al recurso de alzada interpuesto, en la comunidad científica, no sólo de Cantabria sino de toda España y otros países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos, se ha ido moviendo un sentimiento de solidaridad con esta historia. Así, el pasado mes de octubre salía publicada una carta en el periódico regional El Diario Montañés, en el que 112 expertos, investigadores y otros estudiosos firmaban una carta solicitando la retirada de las medidas.
En la misma, los firmantes dan fe de la profesionalidad de los afectados y su
“escrupuloso respeto” hacia el Patrimonio arqueológico y solicitan que dado que la acusación se ha basado en una
“tergiversación de detalles”, se retire el expediente, ya que una actuación de estas características
“sólo contribuye a crear desconfianza entre los investigadores y profesionales” y supone un daño
“para todos cuantos están implicados en la protección, investigación o difusión del conocimiento sobre el patrimonio arqueológico regional”.
Y esto no es todo. Recientemente se ha abierto un grupo en la red Facebook para protestar por esta inhabilitación y que, a fecha de cierre de este artículo, contaba con 297 miembros desde la fecha de su apertura, el pasado 22 de octubre.
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