Empieza la huelga en Air Comet, que mantiene sus 6 vuelos previstos

El 75% de los 640 trabajadores de la compañía aérea deberán cumplir los servicios mínimos que estipula el ministerio de Fomento, aseguraron a Efe los convocantes de la huelga, entre los que figuran los sindicatos UGT, CGT, SEPLA, USO y STAVLA.

   La huelga se desarrollará entre las 00.00 horas del 1 de diciembre y las 23.59 del viernes 4, según las fuentes, que han especificado que, a partir del día 8, habrá paros con carácter indefinido desde las 00.00 horas de cada martes hasta las 23.59 de cada viernes.

   Los convocantes demandan a la compañía el abono "inmediato" de todos los salarios que adeuda a los trabajadores (en algunos casos desde el mes de junio) y que se comprometa "públicamente" a pagar los sueldos dentro de los cinco primeros días del mes.

   Del mismo modo, reclaman el pago de los finiquitos a los trabajadores que han causado baja en la empresa a lo largo del año, así como que se proporcionen los medios necesarios al Comité de Empresa de Estructura y Vuelo para el desempeño de sus funciones y competencias.

   Fuentes sindicales de SEPLA y CGT señalaron a Efe que no se trata de unas jornadas de paro por "capricho" y criticaron que los servicios mínimos impuestos suponen que en la práctica "se les niegue el derecho a la huelga", pese a lo cual esperan tener una "repercusión lo más amplia posible".

   Los vuelos de salida programados para hoy unen Madrid con Quito, La Habana y Buenos Aires, y el despegue está programado para las 14,00 horas, las 15,25 y las 22,30, respectivamente.

   Los de llegada proceden de Guayaquil (Ecuador), Lima y Buenos Aires, con hora de aterrizaje prevista a las 03,45, 5,45 y 17 horas, respectivamente.
La compañía aérea, propiedad del grupo Marsans y presidida por el también presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha recibido diversas ofertas de compra por parte de varias compañías, aunque "no hay nada cerrado", según su consejero delegado, Ignacio Pascual.

   Actualmente, la aerolínea negocia la concesión de un préstamo de algo más de 20 millones de euros (unos 30 millones de dólares) con una entidad financiera internacional con el que poder hacer frente a las deudas que tiene contraídas con sus trabajadores y con la Seguridad Social.