Así lo dijo al defender ante la Cámara una proposición no de ley en cuya exposición de motivos no se desvelaban las razones que han llevado a los 'populares' a presentar la iniciativa, lo que llevó a los grupos Socialista y Regionalista a recriminar al PP por "
hurtar" el derecho democrático a debatir y buscar "
trucos" para "
eludir" el debate de los auténticos problemas.
El propio consejero, Francisco Javier López Marcano, aseguró después a los periodistas haberse enterado en el Pleno de los hechos denunciados por el PP, que aseguró desconocer y que, en todo caso, se comprometió a analizar.
En concreto, lo que denuncia el PP, apoyado en un escrito que firma el secretario general de la Consejería, José Manuel Arenal, es una instrucción según la cual desde el 24 de noviembre pasado los ordenanzas tienen el mandato de abrir toda la correspondencia que se reciba en la Consejería.
Según se explica en el escrito, del que facilitó copia el PP a la prensa, el objetivo de esta instrucción es evitar el extravío de facturas y, por ello, cuando en los sobres haya facturas, los ordenanzas deberán entregarlas directamente en el registro. En cambio, cuando se trate de correo personal, debe ser entregado en mano a sus destinatarios.
Tras conocer la denuncia en el Pleno, el consejero ha hablado con el secretario de la Consejería y ha explicado, en primer lugar, que no se trata de ninguna orden suya, sino de una instrucción de régimen interno que sólo se aplica cuando, por el tipo de envío, se piensa que pueda contener facturas o certificaciones de obra. Además, dejó claro que sus cartas son las primeras que se abren y aseguró que "mirará" lo sucedido y, si vulnera algún derecho, se retirará la instrucción.
El PP pide que recapaciten
En su intervención en el debate, Luis Carlos Albalá tachó de "alarmante y preocupante" lo que está sucediendo en la Consejería y recalcó que si la "coartada" es evitar la pérdida de facturas, en realidad lo que se está haciendo es "matar moscas a cañonazos".
"Cuando un poder público comete tal atropello, las instituciones pierden credibilidad y se crea rechazo y desengaño", afirmó el diputado 'popular', quien pidió al Gobierno que "recapacite" sobre lo que está "consintiendo y haciendo".
Albalá se preguntó dónde queda la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y, por ello, pidió la aprobación de su iniciativa, en la que proponía reafirmar el compromiso del Parlamento cántabro con la defensa de los derechos fundamentales e instar al Gobierno regional a retirar cualquier orden verbal o escrita que pueda suponer su vulneración.
Iniciativa "torticera y encriptada"
Sin embargo, la iniciativa no prosperó y, además, los grupos que apoyan al Gobierno le recriminaron por "hurtar" el debate parlamentario, ya que no dio a conocer el motivo de la iniciativa hasta el debate en el Pleno. En este sentido, el portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, acusó al PP de "buscar trucos para eludir el debate de los auténticos problemas".
A su juicio, se trata de una proposición "torticera", porque lo lógico sería primero plantear una pregunta al consejero para que explique si es cierto. En cambio, lamentó que el PP utiliza "el engaño y la encriptación, impidiendo un debate auténtico" y eso, en su opinión, "denota la situación en que se encuentran" los 'populares', que tachan de "agotado" al Gobierno cuando lo "totalmente agotado" es su discurso.
Además, consideró innecesaria la propuesta en lo que respecta a mostrar el compromiso del Parlamento con los derechos fundamentales porque, según recordó, todos los diputados al prometer o jurar su cargo ya se comprometieron a guardar y hacer guardar la Constitución.
"No hay necesidad de volver a comprometerlo, o quizá ustedes sí", agregó De la Sierra, quien cuestionó cómo cumple el PP con los derechos constitucionales en otros casos. Así, criticó por ejemplo la "utilización" de la justicia "buscando más el impacto mediático que la verdad" en casos como el del edificio Lagunilla; y recriminó también la situación del Ayuntamiento de Castro Urdiales, donde "el grupo responsable de la situación olvida su compromiso" con la defensa de otros derechos constitucionales.
Adulteran las reglas del Parlamento
Por su parte, el socialista Francisco Fernández Mañanes aseguró que la iniciativa del PP es una "mascarada que sólo pretende un titular en la prensa" y les recriminó por no explicar los antecedentes a los que alude la proposición. Así, acusó a los 'populares' de "hurtar el derecho democrático" a debatir y eso, según dijo, "sí que va contra las reglas más elementales del Parlamento".
"No adulteren las reglas del Parlamento. No trasladen a los ciudadanos la idea de que este Parlamento no respeta los derechos constitucionales", agregó el portavoz del PSOE.
Frente a todo ello, Albalá replicó que le "cuesta creer" que no supieran nada y, en todo caso, aseguró estar "estupefacto" de que el Parlamento no quiera "reafirmar" su compromiso con los derechos fundamentales, que se debe reiterar "cuantas veces sea necesario". En todo caso, ofreció a socialistas y regionalistas eliminar de la iniciativa la primera de las peticiones (la de reafirmar el compromiso de la Cámara con los derechos constitucionales) y dejar sólo el que instaba a retirar órdenes que vulneren esos derechos, pero no fue aceptado.
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