La Fiscalía resolvió formular cargos contra la ministra de Salud, Caroline Chang, dentro de la indagación previa por un presunto sobreprecio en la adquisición de 115 ambulancias. La acción del Ministerio Público tiene como antecedente informes de Contraloría, en los que se establece que las ambulancias que compró el Ministerio de Salud a la empresa Eurocomercial no cumplieron con los requerimientos establecidos en las bases de la licitación, entre una de las 15 irregularidades que la entidad de control detectó en la adquisición.
El presunto caso de corrupción se halla, pues, en manos de la Justicia. Sin embargo, el presidente de la República, en la cadena del pasado sábado, se refirió en duros términos a la inculpación, anunció la defensa de su ministra e inclusive, desde el propio Ministerio, se ha instado a defender a la funcionaria en las calles.
La denuncia inicial fue hecha por el asambleísta de oposición Leonardo Viteri; pero, una vez que se halla en trámite judicial, debe sustanciarse en este ámbito, sin injerencias
políticas.
El Gobierno se halla obligado a respetar la independencia de las diversas funciones del Estado, como corresponde en una democracia. Si los organismos de control hallan fundamento para formular cargos contra la funcionaria, se debe respetar el debido proceso y no interferir en la acción de los jueces desde la Presidencia de la República, como si allí se extendieran certificados de última instancia sobre la fiscalización a los colaboradores en el desempeño de sus funciones. Y más arbitrario aún
resulta movilizar a los funcionarios del Ministerio a favor de la ministra que debe presentar sus pruebas de descargo ante la Justicia.
Se ha criticado a la Legislatura no ejercer sus obligaciones fiscalizadoras por su falta de independencia del Gobierno. Hay que rechazar que desde el Gobierno se quiera presionar ahora en un caso que se debe esclarecer en el plano judicial.
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