Hay algunos que sustentan una posición sumamente singular y dañina respecto a los ‘ciudadanazos’ contrarios a la ideología oficial. Se vio a su locuaz y mediático líder pronunciándose con mal gesto e ira inocultable sobre el acuerdo de Alianza PAIS con asambleístas de otras tiendas políticas sobre el proyecto de Ley de Comunicación, acerca del que tanto se ha discutido, tanto se conjeturó y tanto se teme.
Si es que aún tenemos democracia, nos asiste el derecho al voto libre y secreto, y con él elegir a quien nos plazca, al que se considere que representa mejor nuestros intereses, al que nos simpatice o en quien tengamos confianza. Al descalificar a los representantes de la oposición en la Asamblea Nacional se hace lo mismo con quienes votaron por ellos.
Ningún voto es más voto que otro, todos son iguales, todos pertenecen a ciudadanos que esperan verse representados, respetados y servidos por un gobierno legítimamente elegido, aunque sea de signo ideológico diferente al que se suscribe.
¿Será difícil de entender que se gobierna para quienes nos dieron el voto y para quienes nos lo negaron?
Quien con su actitud llama a desconocer a la oposición, aunque sólo sea por un simple acuerdo parlamentario, asume una posición muy peligrosa para el conjunto de la sociedad, pues puede entenderse como un llamado a la desobediencia. Pero, ¿quién lo sanciona? Este es un punto crucial y delicado, pero insoslayable, que la Asamblea debería incorporar al proyecto de Ley de Comunicación. Y sin temor, dicho sea de paso.