El PSPV se ampara para ello en que el PP
"está utilizando las instituciones para torpedearle" y arguye que, ante un conflicto similar que se produjo en la pasada campaña, la Junta Electoral "
dio la razón" a los socialistas.
Por ello, el partido pondrá este asunto en manos de su asesoría jurídica para determinar las actuaciones que llevará adelante, ya que su intención es recurrir todas las actuaciones que promueva la Conselleria de Cultura para exigir la retirada de la lona.
La Generalitat ha solicitado al juzgado autorización para realizar el desmontaje de la lona, una vez expirado el plazo para que los socialistas efectuaran su retirada de forma voluntaria, según informaron este lunes fuentes de la Generalitat.
La Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano procederá a la retirada de la lona, una vez se produzca la resolución judicial que permita ejecutar el desmontaje, que la Generalitat solicita que pueda efectuarse antes del 4 de mayo.
La conselleria ha resuelto ejecutar subsidiariamente la retirada de esta lona "ilegal" colocada por el PSPV en la fachada de su sede, ubicada en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de Serrano de Valencia, "por no haber sido voluntariamente desmontada por el infractor en los periodos concedidos al efecto por la Administración". El plazo de retirada dado por Patrimonio finalizaba hoy lunes, una vez contestadas las alegaciones presentadas por el PSPV.
La Conselleria de Cultura, Educación y Deportes ha requerido en varias ocasiones al secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, la retirada del andamio y la pancarta colocados de forma "ilegal" sobre la fachada situada en la sede del PSPV en la calle Blanqueries de Valencia "por haber sido colocado sin la autorización preceptiva al estar ubicada en el conjunto histórico de la ciudad y en el entorno del BIC de las Torres de Serranos".
La Generalitat alega que la ley de Patrimonio Cultural Valenciano regula la prohibición, con carácter general, de la publicidad en cualquiera de sus formatos en estos ámbitos protegidos. Además, entiende que, para realizar cualquier alteración en un entorno BIC, hay que contar, según establece la ley, con un informe favorable previo de la Dirección General de Patrimonio, además de la autorización municipal.
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