¿Se acaban las colas y el 'vuelva usted mañana'?

Comienza 2010. ¿Estamos ante el final de las colas, las esperas, el ‘vuelva usted mañana’, esos tópicos que han caracterizado la relación de la Administración española con el sufrido ciudadano? Puede que sí: al menos se ha dado un primer paso para ello. Que el 1 de enero de este año ‘redondo’ 2010 hayamos -en teoría- entrado en contacto directo por Internet con la Administración no puede ser sino una buena noticia. Y una buena noticia es, sin duda, la plena entrada en vigor de esa Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la LAECSP , con parangón apenas en Estados Unidos e Italia. Esa LAECSP, de imposible pronunciación, confiemos en que no sea también de imposible utilización. Porque…

Porque una cosa son las buenas intenciones, y de esas no tenemos derecho a dudar los ciudadanos, y otra los resultados. Son múltiples las páginas web relacionadas con la Administración que están desatendidas, que no están actualizadas, que no responden a las demandas, que son de difícil utilización. ¿Va a haber una ‘revolución informática’ en la Administración a partir de este enero de 2010? Sinceramente, no lo creemos. Sí pensamos, en cambio, que se está iniciando, afortunadamente, un camino. Y debemos aprovecharlo y contribuir a que sea un éxito, incluso con nuestras críticas.

La ley es ambiciosa en su exposición de motivos: hay que eliminar las barreras en las relaciones con la Administración. La distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso dedicar hoy día a los trámites burocráticos no tienen razón de ser. “Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible acercar a la Administración hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las empresas y profesionales”, dice el preámbulo del texto legal. Ese texto reconoce que, hasta ahora, las administraciones determinan libremente si los ciudadanos pueden, o no, relacionarse con ellas electrónicamente de un modo efectivo. Son ellas las que ponen los medios para ello. O no. A partir de ahora, será obligatorio que lo hagan.

En nuestra opinión, la ley tiene algunos puntos destacables, partiendo del hecho de que oficialmente se reconoce que los ciudadanos tienen el derecho de relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios electrónicos (Internet), y que para garantizar ese derecho se crea la figura del defensor del usuario (ya veremos qué facultades tendrá, en la realidad y no solamente sobre el papel, tal defensor). De momento, solamente la Administración central tiene la obligación de hacer efectivos esos derechos ciudadanos a partir del 1 de enero de este año 2010; las administraciones autonómicas y locales se ven inmersas en un régimen más incierto, pues se advierte de que la puesta en marcha de su ‘relación electrónica’ con el ciudadano queda supeditada a las disponibilidades presupuestarias.

Resulta destacable el hecho de que en los trabajos para redactar esta ley, que comenzaron hace casi cuatro años, han participado colectivos privados, expertos y representantes de todos los partidos: es una ley de consenso, lo cual ya es, a nuestro modo de ver, destacable. Ocurre, no obstante, que será la actual Administración la encargada de que lo que está escrito en el papel se plasme en la realidad. Y de que la interactividad entre Administración y administrado sea una realidad, para lo cual, indefectiblemente, siempre tendrá que haber alguien que, desde el otro lado, responda. La experiencia de las webs oficiales que informan a los ciudadanos resulta, hasta ahora, bastante desalentadora, como antes decíamos: a menudo nos encontramos con información desfasada, con oídos sordos, con páginas poco accesibles y que no funcionan.


-La guerra contra las burocracias-

¿Puede Internet vencer a la secular burocracia española? Tememos que no se trata solamente de que los avances técnicos anden un buen trecho del camino: tras la máquina está siempre el hombre. ¿Cuántas gestiones se podrán realizar exclusivamente mediante Internet? ¿Cuánto tiempo se demorará la respuesta efectiva de la Administración ? ¿Estará toda la información posible y deseable accesible en las páginas web de la Administración ? Son preguntas a las que, a la hora de redactar estas líneas, parece que no resulta posible responder de una manera cierta.

Tampoco es posible responder hasta qué punto esta ‘relación electrónica’ permitirá mejorar la descentralización del Estado, superando algunos de los graves inconvenientes que la pluralidad de legislaciones y normas autonómicas provoca en los ciudadanos. Mucho dependerá, desde luego, de la voluntad de las autonomías y de la pronta puesta en marcha de la LAESCP en las diferentes Comunidades. Es, en todo caso un instrumento que puede resultar útil para acabar con esa dispersión legal que, a veces, tan difícil hace la vida a los consumidores, empresarios y, en general, a todo el que tiene que tratar con la multitud de administraciones que supone el Estado de las Autonomías y que se plasma en el ya tópico ejemplo de las ‘diecisiete leyes de caza’. Que lamentablemente es un ejemplo, por cierto, entre otros muchos posibles.

Queda ahora esperar y ver si de las buenas palabras contenidas en la ley se pasa a los hechos efectivos, lo cual sería toda una revolución en los usos y costumbres de una Administración todavía muy apegada a  las viejas ventanillas, a los legajos y a los funcionarios poco serviciales con el usuario, que es, por cierto, quien le paga.  Sí es posible afirmar que esta ley, que ahora entra plenamente en vigor, contribuirá decisivamente al desarrollo de Internet en España, a la proliferación de las vías de banda ancha y, confiemos, a la extensión del wi-fi en lugares públicos, como aeropuertos, estaciones de ferrocarril o centros de trabajo oficiales. Solamente así se podrá asegurar el derecho de los ciudadanos a mantener ese contacto constante con ‘su’ Administración. Porque ya se sabe que a las leyes, para que sean aplicables, hay que dotarlas de medios. Y, hoy por hoy, los medios son aún bastante escasos.