El documento ordena la "presentación y concentración" del grupo de uniformados, que están siendo investigados "por casos de homicidio en persona protegida" y que el pasado 7 de enero fueron dejados en libertad por un juez del municipio de Soacha, que argumentó el vencimiento de los términos del proceso.
Ahora, de acuerdo a la instrucción del ministro de Defensa y el comandante general de las Fuerzas Militares, “los implicados deberán permanecer en la unidad militar restringidos a tareas internas y no serán asignados a ningún tipo de misión táctica ni operativa".
Así mismo, el ministerio en cuestión reitera el compromiso y disposición del Gobierno en colaborar con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los casos y buscan que "aquellas circunstancias en las que ocurran violaciones estas no queden en la impunidad".
Estos hechos coinciden con el reciente pronunciamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, según el cual existe una alta preocupación del organismo por el rumbo que puedan tomar los casos de más de 1200 ejecuciones extrajudiciales denunciadas en el país tras la excarcelación de los 17 militares, quienes se encuentran involucrados en varios casos.
Las víctimas fueron reclutadas bajo engaño a comienzos de 2008 y sus cadáveres aparecieron después en fosas comunes del noreste del país, donde estaban registrados como guerrilleros muertos en combate.
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