El magistrado afirmó no haber cometido ninguna ilegalidad al remitir el legajo porque así lo ordenaba un fallo constitucional de una sala de la Corte Superior de Distrito de La Paz.
Sin embargo, los abogados de los involucrados señalaron que se trata de un hecho flagrante de prevaricato porque la investigación del caso radicaba en Santa Cruz porque aquí se cometieron los supuestos delitos y aquí viven los presuntos implicados.
El caso tiene que ver con el atentado a la casa del viceministro Saúl Ávalos, el explosivo que dejaron en la casa del cardenal Julio Terrazas y la desarticulación de la supuesta organización terrorista en el hotel Las Américas, el pasado 16 de abril, donde fueron abatidos Eduardo Rózsa y sus acompañantes Michel Dwyer y Magyarosi Árpád.
Luis Orlando Reyes, abogado defensor de dos ex unionistas, Alfredo Saucedo y David Sejas, observó que la resolución fue dictada en tiempo récord, en menos de tres horas, y lo que es peor, se basó en el simple pedido que hizo el abogado de Saúl Ávalos.
“Lo normal es que en este tipo de casos se corre traslado a las partes (es decir se hace conocer sobre cualquier pedido) para que puedan asumir su defensa y pronunciarse a favor o en contra”, dijo.
Por esa razón ayer en la tarde planteó un amparo constitucional que radicó en la sala civil segunda a cargo de los vocales Oswaldo Céspedes y Edgar Terrazas y cuya audiencia podría realizarse hoy.
“Es una arbitrariedad, es prevaricato (actuar al margen de la ley)”, resumió Jorge Asbún, el abogado defensor del ex cívico Branko Marinkovic, al observar que en su resolución el juez cita la parte cuarta de la sentencia de la Corte de La Paz como fundamento para ordenar el traslado, pero ésta no se refiere al conflicto de competencia que en fecha posterior fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Santa Cruz fijando aquí la investigación.
El ex unionista Alfredo Saucedo teme el reinicio de ‘la cacería’.
El caso no avanzó en Santa Cruz
El 3 de septiembre de 2009 la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito determinó que la investigación del caso terrorismo radique en Santa Cruz.
Sin embargo, las investigaciones se paralizaron y el único que fue convocado a declarar fue el presidente de Cotas, Juan Carlos Velarde, antes de la pasada Navidad.
Poco después el fiscal Óscar Flores pidió el cierre del caso supuestamente por falta de pruebas y por esa razón el presidente de los comités cívicos provinciales, Luis Alberto Áñez, denunció negligencia de la Fiscalía de Santa Cruz.
En el caso se encuentran involucrados dirigentes cívicos y de instituciones como Cotas, Cainco, CRE, y la Prefectura, incluyendo al mismo ex prefecto Rubén Costas, hoy candidato a la gobernación, acusado de financiar la supuesta célula sediciosa.
El presidente de la Corte Superior de Distrito, Oswaldo Céspedes, dijo que lo que corresponde es dar cumplimiento al fallo del juez Leaños y enviar el caso a La Paz para que la juez Betty Yañíquez siga con la investigación.
EL CONFLICTO
Quién tiene preferencia •
1) El juez del lugar de la comisión del delito o el lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado;
2) El juez de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido;
3) El juez del lugar donde se descubran las pruebas materiales del hecho.
Conflicto • Se planteó el conflicto de competencias entre el juez cruceño Luis Tapia y la juez paceña Betty Yañíquez y la Corte Suprema determinó que el caso se ventile en el lugar donde radica el juez que conoció primero el caso y la Sala Penal Primera resolvió que la jurisdicción de la investigación debería ser el distrito judicial de Santa Cruz.
Fuente: Código de Proc. Penal
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