Calmando conciencia

La libertad decretada para 3 suboficiales y 14 soldados que se encontraban en prisión, mientras se adelanta uno de los juicios por el asesinato sistemático de varios jóvenes de Soacha, es apenas la cuota inicial de lo que puede suceder en los estrados con los crímenes conocidos —con mucha laxitud verbal— como “falsos positivos”.

Cuando un juez tomó la decisión de liberar a los uniformados la semana pasada, Colombia empezó a subir el primer peldaño de un camino rodeado de garantías judiciales, sociales y políticas para los militares implicados en esos delitos atroces, y de obstáculos de todo orden para las madres de las víctimas. Hacia delante veremos, más pronto de lo que se piensa, otras libertades por vencimiento de términos, la prolongación infinita de los procesos, nulidades o fallos absolutorios por falta de pruebas, salvo que el país y la comunidad internacional se sacudan su indiferencia, de un lado, o su exagerado candor y prudencia diplomática, del otro.

La retórica suele ocultar las verdades, y aquí sí que saben usarla los políticos y gobernantes. Pero son los hechos y no las palabras los que determinan la realidad cruda. Revisémosla:

1.- En la Fiscalía había, hasta noviembre de 2009, 2.177 víctimas identificadas; y 2.565 militares de distinto rango vinculados a los procesos penales como presuntos victimarios.

2.- En julio del año pasado, el relator especial de la ONU, Philip Alston, reconoció la existencia de 1.800 víctimas. Los homicidios “fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos del Ejército”, dijo.

3.- El presidente Uribe destituyó, inmediatamente después del escándalo periodístico, a 27 militares. Pero después aceptó la existencia de sólo 22 ejecuciones extrajudiciales. Aludiendo a la magnitud de las cifras reportadas por la prensa, el Mandatario se refirió a ellas como “falsas acusaciones” que buscaban paralizar la acción de la Fuerza Pública y en un discurso ante los uniformados, en marzo de 2009, les pidió “no dejarse acomplejar”.

4.- Los militares implicados cuentan con la solidaridad institucional y también con una batería de abogados que se agrupa en un colectivo que se denomina Demil (defensores de militares), incentivado por círculos oficialistas. Sus integrantes se turnan para ir a las decenas de diligencias que hay que atender y para combinar tácticas, entre ellas, las que dilatan y enredan los procesos.

5.- Las víctimas reportadas de los “falsos positivos” eran: campesinos, jóvenes pobres y sin trabajo y supuestos ladronzuelos. Sus familiares hacen parte, como se entiende, de los estratos más bajos de la sociedad. No tienen dinero para comer, mucho menos para pagar grandes penalistas. Abogados atraídos por las indemnizaciones son quienes los asesoran. Por eso no es raro que los parientes de los asesinados lleguen sin juristas a las audiencias de relevancia penal.

6.- Las madres de Soacha y sus familiares han sido amenazados para que se callen. Hasta el momento no han recibido protección estatal, ayuda económica o apoyo psicológico.


Por eso es cínico que la Casa de Nariño, el Ministerio de Defensa y el general Freddy Padilla de León traten de aliviar la enorme carga moral que llevan dentro, con dos simples comunicados de fin de semana. Los militares merecen un juicio equilibrado, nadie dice que no. Ese mismo derecho tienen las víctimas. Obras son amores y no buenas razones. Eso lo sabe el Ejecutivo, pero calma conciencia y conserva la imagen para las elecciones de mayo.