La gravísima situación económica

   Con acentos más o menos críticos y graves, todos los diarios han puesto de relieve la gravedad de la situación económica, expuestos en tres datos clave: "Zapatero descubre de golpe el agujero que tiene España y pretende a la desesperada recortar el gasto en 50.000 millones, sin concretar partidas y sin apoyo social", titula Expansión. "El Gobierno confirma que el paro puede empeorar y llegar al 20 por 100 en el primer trimestre", dice La Razón, que añade que el déficit obliga a presentar un recorte del gasto en el plan de austeridad. El Mundo prefiere destacar que Zapatero se queda sin apoyos para sacar adelante el pensionazo, y señala que tras la peor Epa de la historia, el Gobierno admite ya que  el paro superará la barrera del 20 por 10, y que el déficit  está en el 11,4 por 100.  En fin, titula El País: Los peores datos de la crisis obligan al gobierno a tomar medidas drásticas. El déficit y el paro se desbocan. El desfase de las cuentas públicas alcanza el 11,4 por 100. La destrucción de empleo eleva el paro a 4,3 millones. El ejecutivo recorta el gasto y reforma las pensiones. En fin, un panorama desolador  y que no parece que sea posible remediarlo a medio plazo, y ya se verá si se empieza a ajustarse en el presente año.

   La vicepresidenta económica, Elena Salgado, acababa de desgranar su plan de austeridad, con el que pretende ahorrar 50.000 millones hasta 2013. Y de aclarar que el Gobierno se mantiene firme en alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, pese al revuelo creado y las reacciones generalmente contrarias -de sindicalistas, del PP- cosechadas. La fecha de presentación del plan de austeridad y de la reforma de las pensiones llevaba semanas anunciada, en un claro esfuerzo por apaciguar las dudas sobre las finanzas públicas españolas, otra grave particularidad del momento. Pero la gravísima realidad económica se ha impuesto y, con ella llega la incertidumbre. El déficit público el desempleo y los precios, que también crecen ya por encima de la media europea.

   El plan de austeridad que aprobó este viernes por el Consejo de Ministros es ambicioso. Por lo pronto, suma al recorte de gasto de 8.000 millones que ya preveía el Presupuesto de 2010, otros 5.000 millones de los que los ministerios no podrán disponer pese a estar presupuestados. El Gobierno asume buena parte de la responsabilidad del ajuste, con medidas de disminución del gasto en personal, funcionamiento, inversiones y transferencias que deberían elevar el ahorro hasta los 40.000 millones. El resto, debería corresponder a comunidades y ayuntamientos. La vicepresidenta Salgado explica que "el objetivo es reconducir el déficit al 3% del PIB en 2013".

   Es la exigencia de la UE y la frase mágica que esperan los mercados, a quienes también pareció dirigida otra afirmación de la vicepresidenta: "Queremos dar la confianza a los ciudadanos de que vamos a hacer lo que tenemos que hacer". Pero se está se probando que el deterioro de la situación fiscal ha llevado al mercado a encarecer el coste de la deuda pública de varios países (Grecia, Irlanda, Portugal, Italia, España), a los que los inversores tradicionalmente enjuician con más severidad. El Ejecutivo recuerda la penosa salida de la crisis de 1993, cuando el pago de los intereses de la deuda llegó a rondar el 6% del PIB, el triple que ahora.

   Elena Salgado ha señalado que "el recorte de gasto va a afectar prácticamente a todas las partidas y a todas las políticas", y que del tijeretazo sólo se salvarán algunos programas sociales (las ayudas a la dependencia, el cheque-bebé, las becas de estudio), la cooperación internacional, la lucha antiterrorista y el gasto en innovación. Hasta la inversión en infraestructuras del transporte, uno de los puntales presupuestarios de los últimos años, se verá reducido. El Gobierno quiere respetar el acuerdo salarial con los funcionarios (una subida del 0,3% hasta 2012), pero ya anunció que reducirá aún más la oferta de empleo público (sólo se repondrán el 10% de las plazas vacantes, frente al 30% acordado con los sindicatos). ¿Y las pensiones? Si el paro y el déficit público marcan los retos inmediatos, el futuro de las pensiones es otra de las cuestiones favoritas de organismos internacionales, inversores y analistas, al analizar la economía española. Salgado defendió que la propuesta de alargar la edad de jubilación a los 67 años es una respuesta "al envejecimiento de la población". Y argumentó: "En 1975, los mayores de 65 años cobraban pensión durante una media de cinco años, ahora son 15". La vicepresidenta confirmó que el Gobierno plantea que el retraso de la edad de jubilación comience en 2013 y se establezca de forma gradual, a dos meses por año. Una fórmula que implicaría que la edad legal de jubilación llegaría a los 67 años en 2025. Para todos es evidente que el debate empezará ahora, en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, para lograr el mayor consenso posible, afirmó Salgado. Fernández de la Vega, repitió el mensaje. "Nuestra intención es alcanzar un acuerdo cuanto antes.