Y es que desde el lunes pasado, el cese de actividades de cerca de 16 mil automotores pertenecientes a las pequeñas asociaciones de transportadores, ha obligado a millones de bogotanos a soportar la falta de transporte, las dificultades para poder asistir a sus lugares de trabajo y estudio, las dificultades de movilidad, la inseguridad de los servicios alternativos y los actos de vandalismo que se han presentado en varios puntos de la ciudad capital.
El problema se encuentra a raíz de las opciones que la Alcaldía Mayor ofrece a las pequeñas asociaciones transportadoras (un sector que día a día mueve millones de dólares), ante su eminente desaparecimiento frente a la implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá que a futuro pueda articularse con la troncal de Transmilenio y con el Metro.
Las alternativas ofrecidas por la Administración de la ciudad son tres: la “chatarrización” (conversión en chatarra) de los buses antiguos, la compra de los buses nuevos o la asociación de los dueños de los vehículos al SITP, a quienes se pagaría una renta mínima de alquiler, cuyo cifra se determina en un porcentaje sobre el valor del avalúo vehículo.
La protesta consiste en que, según los transportadores, los precios que el Gobierno Local ofrece para la “chatarrización” y compra de sus vehículos es irrisorio, y aún más cuando de la estipulación de la renta mensual se trata.
De esta forma, algunos de los promotores del paro han expresado que si por ejemplo una persona posee un bus que costó 230 millones de pesos (115 mil dólares aprox.), la Alcaldía pretende avaluarlo en 115 millones (58 mil dólares aprox.), y sobre esa base ofrecer al dueño una renta mensual que inicialmente se había estipulado en el 0.80 por ciento, es decir, la suma de 920 mil pesos (460 dólares aprox.).
Según los protestantes la anterior cantidad constituye grandes pérdidas si se tiene en cuenta que, sin la implementación del SITP, el dueño del mismo vehículo del ejemplo anterior puede obtener ganancias de hasta 6 millones de pesos mensuales (3 mil dólares aprox.).
Es por ello, que durante el paro los trasportadores pretendieron que el Distrito les reconociera un 5 por ciento de renta mensual y el avalúo del costo real de sus vehículos; sin embargo, al no llegar a un acuerdo, el gremio ha ido bajando paulatinamente el porcentaje hasta un 3 por ciento, luego un 2 por ciento y por último un 1,8 por ciento, del que aseguran no poder bajarse más. Por su parte la Administración de la ciudad ha aumentado su oferta en un 1,5 por ciento, afirmando que incrementar más puntos porcentuales significaría la insostenibilidad del SITP.
Pero las reclamaciones del sector de los prestadores del servicio de transporte público no termina ahí, pues además se alega que miles de personas que dependen indirectamente del negocio, tales como los llamados “calibradores” (personas que contabilizan los tiempos entre un bus y otro), quienes prestan servicios de mecánica y lavado de buses, las gasolineras, y los vendedores que diariamente ofrecen sus productos a los pasajeros del servicio de transporte, también se quedarían sin empleo.
Por ahora no hay acuerdo, y lo único que esperan los ciudadanos, quienes son los más afectados frente al caos de movilidad que sufre la ciudad, es que tanto la Alcaldía como el gremio transportador lleguen a un acuerdo que los beneficie a todos, pues ya existen denuncias de los elevados precios que están cobrando los vehículos particulares y taxistas por movilizar a los necesitados pasajeros.
¿Qué dicen cada una de las partes?
El Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno, reconoció que la ciudad enfrenta un caos, pero justificó en éste la necesidad de tener el SITP y abolir lo que denominó “negocios particulares”. Moreno también se refirió a los hechos de delincuencia registrados en varios puntos de la ciudad, rechazándolos de forma tajante.
Por su parte, los representantes de los pequeños transportadores se han dolido del poco interés que ha mostrado la primera autoridad del Distrito, en el problema. Son escasas las veces que ha estado presente en la mesa de negociaciones, aseguran.
Destacan la presencia y dedicación del ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, de la secretaria de Gobierno, Clara López y del secretario de Movilidad, Fernando Álvarez.
Alfonso Pérez, presidente de la Asociación de Pequeños Transportadores (APETRANS) y quien representa a los protestantes, señaló que la decisión del gremio será continuar con el cese de actividades, ante la falta de acuerdos y la inasistencia del Alcalde a las tres reuniones que se han programado para dar solución a la situación de caos que se presenta en la capital.
Las medidas tomadas
Ante la falta de acuerdo entre los dos sectores negociadores y la crisis en la que Bogotá se sume minuto a minuto, el Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno, decretó una serie de medidas con el fin de hacer una apuesta por la normal movilidad del transporte público de la ciudad.
Dentro de lo ordenado está:
1. La suspensión de clases en los colegios distritales por el resto de la semana.
2. La autorización al servicio público individual de taxis para prestar servicio colectivo.
3. El levantamiento de la política de “pico y placa” (según la cual, dependiendo de la matrícula del automotor, los vehículos particulares y de transporte público tienen restringido el tránsito en la ciudad en días y horarios establecidos) para los vehículos particulares durante el jueves y viernes.
4. La puesta en funcionamiento del Tren de la Sábana, el cual no presta el servicio de transporte ciudadano desde hace varias décadas.
5. La puesta en rodamiento de más de mil vehículos ofrecidos por municipios aledaños a la capital, tales como Soacha.
6. La iniciación de procesos administrativos para declarar el abandono de rutas y cancelación de licencias a las empresas de transporte público colectivo que no han prestado el servicio en las rutas y horarios establecidos.
7. La garantía de la seguridad, mediante el uso de la Fuerza Pública, a los prestadores del servicio y a los ciudadanos en sus desplazamientos. Para este fin, el Gobierno Nacional ha implementado las “pólizas antiterrorismo” a fin de indemnizar a los automotores que resulten averiados por el desorden público.
8. El reforzamiento del pie de fuerza de la Policía Nacional con 500 efectivos adicionales para vigilar y proteger los diferentes corredores de la ciudad. Igualmente, la Brigada XIII del Ejército garantizará la seguridad de la ciudadanía y los transportadores.
9. La puesta en funcionamiento de más número de buses pertenecientes a Transmilenio, a fin de evitar que el sistema colapse ante el incremento de pasajeros.
10. La movilización de la ciudadanía en vehículos oficiales o de las empresas de servicios públicos, o de aquellos dispuestos para el efecto por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
11. La cancelación del encuentro de los equipos nacionales de Millonarios y Boyacá Chico, quienes disputarían un partido el día jueves.
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