La Sala Constitucional, en el fallo redactado por el magistrado Arcadio Delgado Rosales, señaló que los representantes legales de Bolívar han debido interponer un recurso de apelación en lugar de una denuncia de violación de derechos fundamentales (amparo).
El ex gobernador de Aragua fue acusado por el Ministerio Público de la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimientos de licitación y concierto con contratista. Por este proceso Bolívar huyó del país y se refugió en Perú, donde solicitó asilo, pero el mismo fue rechazado debido a las solicitudes de distintas organizaciones de Derechos Humanos venezolanas y peruanas, las cuales le recordaron al gobierno de Lima que durante su gestión (1995-2008) más de mil ciudadanos fueron ajusticiados por agentes de la policía regional.
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