El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dictaminó que son inconstitucionales los perdones que el ex presidente otorgó a los represores.
El presidente Carlos Menem resolvió en favor de ex militares como Videla y Masera, por lo que a partir de ahora la Corte Suprema tiene vía libre para anular ese beneficio.
Righi dictaminó en el caso puntual de Santiago Riveros, de 83 años, que estuvo a cargo del Comando de Institutos Militares, aunque una eventual decisión de la Corte en ese sentido sentaría un precedente para otras causas en la que están acusados militares, entre ellos el ex presidente de facto Jorge Videla.
El dictámen de Righi en contra de los indultos se sumó a una resolución dictada días por la Cámara Federal en pleno declaró inconstitucionales los indultos para los integrantes de la Junta Militar en la emblemática "causa 13" o Juicio a las Juntas.
El caso de Riveros, procesado por delitos de lesa humanidad, proviene de la justicia de San Martín, donde la Cámara Federal, revocando un fallo de primera instancia, había avalado los indultos al declarar la constitucionalidad de los mismos.
Luego la Sala II de la Cámara de Casación consideró que los indultos deben ser declarados inconstitucionales, dictamen al que acogió Righi.
"Lo único vedado a los estados es el dictado de leyes o de cualquier otra disposición (lo cual incluye los indultos) con la finalidad de impedir la investigación y la eventual sanción de las graves violaciones de los derechos humanos (crímenes de lesa humanidad) y la invocación de la cosa juzgada con fundamento en ello", sostuvo Righi en el dictamen.
Righi recordó que las violaciones a los derechos humanos cometidos desde el poder estatal en el período comprendido entre los años 1976 y 1983 son delitos de lesa humanidad y que por lo tanto son imprescriptibles.
El Procurador aclaró que la invalidez de los indultos debe alcanzar a quienes en aquella época tenían el poder de mando en el aparato estatal.
"La trascendencia está dada por el hecho de que estos crímenes son llevados a cabo por la conducción de aquellas instituciones que el hombre ha creado necesariamente para que sea posible la vida social.
Es la cúpula de la organización política, que debe procurar la coexistencia pacífica y regular la vida en comunidad, la que atenta contra los ciudadanos pervirtiendo entonces el fin con el que fue instituida de potestad estatal", sostuvo Righi.
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