Suárez argumentó su petición asegurando que no existe
"una prueba clara, concisa y concreta que permita atribuirle” a
Arias “responsabilidad en grado de certeza racional".
Por lo anterior,
Rafael Barrios Mendivil, portavoz de los familiares de las víctimas y miembro de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", rechazó la postura de
Suárez y exhortó a la juez
Cristina Trejos, quien lleva el caso en el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, para que condene a
Arias como autor o coautor del delito de desaparición forzada.
La petición de
Barrios se sumó a la de la Fiscalía, que el pasado 20 de abril también pidió que se profiriera una sentencia condenatoria en contra del oficial en retiro. El jurista representante de los familiares de las víctimas, advirtió que la petición del representante de la Procuraduría es contraria a un informe sobre los mismos hechos que el Estado presentó el mes pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una audiencia ante la CIDH, el Ministerio de Relaciones Exteriores admitió que en el Palacio de Justicia hubo desaparecidos que no tenían relación con el grupo guerrillero ocupante y que el Estado, a sabiendas de que se tenía conocimiento de la inminente acción rebelde, no impidió el asalto.
Suárez se encuentra en el caso recientemente por decisión del procurador general,
Alejandro Ordóñez, quien cambió a todos sus delegados en los procesos relacionados con los hechos del Palacio de Justicia.
El 6 y 7 de noviembre de 1985, el extinto grupo guerrillero del M-19 se tomó el Palacio de Justicia ubicado en el centro de Bogotá; tras varias horas de caos, el Ejército Nacional decidió ingresar por la fuerza al edificio para recuperar el control. En la acción murieron más de cien personas (incluida una decena de altos magistrados) y desparecieron once, entre ellas: siete empleados de la cafetería de la edificación, tres visitantes y un miembro del grupo guerrillero.
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