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Pleno del Parlamento

Agudo asegura que el 67 por ciento del ajuste presupuestario no afecta a gasto social

Agudo asegura que el 67 por ciento del ajuste presupuestario no afecta a gasto social

El consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, aseguró que el 67 por ciento de los ajustes que va a abordar el Gobierno regional para reducir el déficit no afectan al gasto social ni suponen la "merma" de ninguna prestación, ayuda o servicio, una idea que no comparte el PP, que insiste en que la subida de impuestos y el recorte de prestaciones sociales las van a pagar "quienes menos recursos tienen".
En una comparecencia ante el Pleno del Parlamento, Agudo explicó que las medidas que va a impulsar Cantabria para reducir el déficit permitirán ahorrar este año 64 millones de euros. De ellos, diez millones corresponden a ajustes en gastos de personal, otros tres a la contención del gasto corriente de las empresas públicas y diez millones más a reducción del gasto farmacéutico.

   Por su parte, los cambios en el copago para las prestaciones de la Ley de Dependencia ahorrarán este año seis millones de euros y los nuevos baremos introducidos para la paga de 100 euros supondrán un ajuste de otros cinco millones.

   A esto se suma la retención de algunos créditos inicialmente previstos para gastar este año, con un impacto de otros 30 millones de euros sobre el Plan de Reequilibrio, lo que eleva hasta los 64 millones de euros el ahorro.

   Por su parte, las actuaciones en materia de ingresos, gracias a la reforma fiscal aprobada en la última Ley de Acompañamiento, permitirán al Ejecutivo ingresar este 2010 unos 11,3 millones de euros adicionales, con lo que el efecto conjunto de la contención del gasto y el aumento de los ingresos sumaría 75,3 millones de euros, de acuerdo con las previsiones del consejero.

   Y según Agudo, en contra de "las tesis" del PP, ese ajuste no se va a hacer "a costa de los más débiles". Así, explicó que el 67 por ciento del ahorro previsto para este año "no tiene ninguna relación con el gasto social" ni supone "merma" de las prestaciones, y el ajuste de 11 millones que se ahorran en dependencia y la ayuda a las madres se ha diseñado precisamente para que no afecte a los sectores con más dificultades y para que, por el contrario, concentre el gasto público en dichos colectivos.

   El consejero aseguró que la reducción del déficit es un "acto de responsabilidad", pero matizó que debe hacerse "de manera paulatina" para no poner en peligro la "cohesión social". El objetivo, en sus palabras, debe ser recuperar la "confianza", porque "incentivar el pesimismo y apostar por el desastre" no nos sacará de la crisis y confía en que tampoco sirva para que "algunos" obtengan "dividendos políticos".

   Agudo defendió la actuación del Gobierno regional que, a su juicio, está demostrando estar "a la altura" y cuenta con un proyecto respaldado por los ciudadanos y los agentes económicos y sociales. En cambio, lamentó que frente a ello, lo que se encuentra es "la nada", porque el PP se limita a "relatar la crisis".

"Eliminar privilegios"

   Sin embargo, la diputada 'popular' Cristina Mazas señaló que el PP está trabajando para presentar su propio plan de austeridad porque, en su opinión, hay posibilidades de recortar el gasto sin reducir las políticas sociales.

   Según dijo, para ello es "necesario" aplicar medidas que eliminen "muchos privilegios" en la administración regional y las empresas públicas. De hecho, advirtió al Gobierno de que si mantiene esa "política de privilegios para algunos, irá de victoria en victoria, hasta la derrota final".

   Tras recalcar que el déficit en España es consecuencia no sólo de la crisis económica sino también de la "desidia, la mala gestión" y la "política suicida" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Mazas criticó que en Cantabria el recorte del déficit se pretende sustentar en la subida de impuestos y el recorte de prestaciones sociales y lo van a pagar "quienes menos recursos tienen".

   En cambio, denunció que el Gobierno no recorta "gastos superfluos" ni se plantea la reestructuración de la administración regional y el sector público empresarial.

   En este sentido, afirmó que si el Ejecutivo pone en marcha un "verdadero plan de austeridad" que reorganice la administración y las empresas públicas y recorte gastos superfluos en lugar de políticas sociales, tendrá el apoyo del PP.

"Rentabilidad política"

Desde los grupos que apoyan al Gobierno secundaron la postura del consejero y negaron también que el ajuste presupuestario ataque al "corazón" de las políticas del bienestar. El regionalista Rafael de la Sierra recalcó que se van a mantener las prestaciones básicas y abogó por lanzar a la sociedad un mensaje de "esperanza".

   Frente a ello, recriminó posturas como las del PP que intentan "aprovechar" esta situación para "confundir, difundir el pesimismo, transmitir desconfianza y obtener rentabilidad política". No obstante, se felicitó porque los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran que ese tipo de oposición "no es políticamente rentable".

   En la misma línea, el portavoz socialista, Francisco Fernández Mañanes, acusó al PP de hacer "lo imposible por introducir desconfianza" en la sociedad en lugar de "arrimar el hombro" junto al Gobierno. A su juicio, los 'populares' actúan así por "codicia electoral", cuando en este momento lo que se requiere es que la oposición "tenga un gesto" hacia el Ejecutivo.

   Por último, rechazó que los ajustes presupuestarios para la contención del déficit se estén "pagando en términos de cohesión social" y consideró que el Plan de Reequilibrio Financiero es una medida "paulatina, progresiva, sensata y prudente".
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