María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, pedía, no hace mucho, respeto para la labor del Alto Tribunal. Se quejaba la presidenta de las críticas y embites que sufre el Tribunal Constitucional.
Sin cuestionar que efectivamente el Tribunal Constitucional debe de ser respetado por todos y sus resoluciones aceptadas, gusten o no, lo cierto es que los actuales miembros del TC no han contribuido precisamente a su prestigio, y la causa es su indisimulada dependencia política de los partidos que les nombraron y que les ha llevado a una situación esperpéntica al no ser capaces de dictaminar sobre la constitucionalidad o no del Estatuto de Cataluña.
El vicepresidente del Tribunal ha elaborado una resolución sobre la cual tampoco se han puesto de acuerdo los miembros del Tribunal, y eso ha llevado a la presidenta, María Emilia Casas, a asumir personalmente la elaboración de un nuevo texto.
El problema no es otro que hay magistrados que quieren que se dictamine la constitucionalidad del Estatuto para no "crear" un problema político habida cuenta de que el Estatuto fue aprobado por las Cortes y luego sometido a
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referéndum. Ciertamente la participación en el referéndum fue bajísima, pero el resultado fue a favor. Y frente a quienes mantienen esta postura, están los magistrados que no están dispuestos a dar el visto bueno a un texto que tiene aspectos anticonstitucionales.
Es difícil saber si María Emilia Casas va a conseguir un texto de consenso, pero, lo consiga o no, lo cierto es que no es de recibo el espectáculo que está dando del Alto Tribunal. Para que a uno le respeten se debe de hacer respetar y es tan evidente el trasfondo de intereses políticos que envuelven a este asunto que incluso los ciudadanos mejor intencionados no puede dejar de asombrarse y rechazar lo que está pasando.
Son las personas quienes hacen las instituciones. El rostro de las instituciones no es otro que el de las personas que lo conforman, y desde luego nunca antes como ahora unos magistrados del Tribunal Constitucional han hecho tanto en contra de la institución a la que representan.
María Emilia Casas y quienes la acompañan como magistrados en el Tribunal Constitucional tienen la obligación de acabar cuanto antes con esta situación que, efectivamente, está mermando el prestigio de la institución.
Los magistrados del Tribunal Constitucional deberían de dar ejemplo de ecuanimidad y elaborar un dictamen sobre el Estatuto ateniéndose a si es constitucional o no y no estar pendiente de intereses partidistas. El espectáculo tiene que terminar.
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