Explotación minera sin licencia ambiental en Coroico

Alguien ha cubierto el cauce. Ha sepultado el curso natural con trazos de orugas metálicas. Ha abierto pozas turbias y fétidas plagadas de mosquitos. Hasta se advierten rastros de veneno químico en las aguas.

Se acaban los aromas a helecho, jazmín y café. La maquinaria levanta polvareda y exhala diésel quemado.

Incluso durante ciertas semanas se acaba el concierto de la naturaleza, pues surge el estruendo de las retroexcavadoras. También acallaron el concierto natural los motores de las volquetas y las descargas de pedrones y arena.

Se han empezado a multiplicar los reclamos y las alarmas entre los fruticultores y cocaleros de las comunidades cercanas. Los turistas, aproximadamente 3.000 al mes, que viniendo desde La Paz juegan con el vértigo de la pendiente y la bicicleta, han empezado a cambiar las acostumbradas voces de celebración. A la llegada lanzan expresiones de desencanto al ver el río. Es Coroico, el primer municipio turístico de Bolivia, que se halla en problemas.

Sin licencia

Cinco cooperativas mineras auríferas, en especial la Uchumachi, la Yolosita y la Gran Poder, llegaron hace más de un año en busca del preciado metal. Al comienzo su presencia era discreta, pero desde hace aproximadamente tres meses pasaron del barranquilleo artesanal al uso de maquinaria mecanizada y, en algún caso, químicos.

Los cooperativistas no cuentan con la licencia ambiental ni tampoco con la certificación social que deberían haber recibido de los propios coroiqueños.

Es decir que hurgan el río emblema de la zona en contra de la voluntad de las comunidades y del municipio.

Los mineros hacen gala de contratos suscritos con el presidente de la Comibol, Hugo Miranda. Por ejemplo, el 13 de julio de 2009 Miranda firmó el acuerdo con la cooperativa Yolosita. En el documento, la autoridad asegura que el cauce y las aguas cristalinas del río Yolosa son Reserva Fiscal Minera.

Luego arrienda dos cuadrículas del área por 10 años a los cooperativistas. Según los comunarios, la estatal ya ha cedido cinco cuadrículas a los cooperativistas. Una cuadrícula tiene 25 hectáreas.

Los mineros se comprometen, en la cláusula decimosexta del contrato, “al cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente dispuestas por la Ley 1333 (…) debiendo tramitar y desarrollar sus actividades mineras con la debida licencia ambiental”.

Sin embargo, casi 11 meses después del acuerdo es lo que menos han hecho. Junto con la copia del contrato, los buscadores de oro sólo alcanzaron a mostrar ante agricultores y vecinos un certificado de gestión de Licencia Ambiental expedido por la fundación privada Medmin (Medio Ambiente, Minería e Industria). Tanto la cooperativa Uchumachi como la Yolosita tomaron dichos servicios y antes de que concluyera el trámite ya revolvieron el río con equipo pesado.

Fuentes de la Dirección de Medio Ambiente, que pidieron no ser identificadas, explicaron que Medmin es sólo una consultora contratada por las cooperativas para acelerar los trámites de obtención de la licencia ambiental.

Éstos deben ser luego derivados al Viceministerio de Biodiversidad para su aprobación. Hasta la fecha, en este despacho no se ha recibido ninguna solicitud de las cooperativas respecto a la obtención de la licencia ambiental.

De pesadilla

En ese escenario, durante los últimos tres meses se multiplicaron los reclamos de los afectados a las autoridades locales. Luego se movilizaron las organizaciones agrarias. Y empezaron los roces y amenazas entre grupos.

Darwin Luna, secretario general de la Subcentral Ponce de León, afirma haber sido amenazado por los cooperativistas. Señala que le pidieron abandonar su reclamo de obligar a los mineros a dejar la zona. “Este año han empezado a mecanizar, y las comunidades nos hemos dado cuenta de que el río estaba destrozado. Hemos visto destrozos en las orillas del río. Existen lagunas donde pueden proliferar mosquitos y no se está trabajando en la mitigación. No tienen tampoco certificación social, ninguna de las comunidades está de acuerdo con su presencia. Hay contaminación auditiva”.

El 9 de diciembre, el Concejo Municipal de Coroico pidió al alcalde, Manuel Yani, que ordenara la paralización de los trabajos mineros. Sorprendentemente, a los seis días, el edil les respondió que el Municipio no tiene facultad para suspender o paralizar las obras de las cooperativas mineras. Pero la presión social no cesó.

Luego de reiteradas quejas de las comunidades, a fines de diciembre de 2009 el Concejo Municipal de Coroico determinó una medida que hasta hoy los comunarios no logran entender: “Que las cooperativas trabajen de noche, para que la contaminación no sea tan evidente”.

Por ello, durante meses, desde las cuatro de la tarde hasta las siete de la mañana, las máquinas taladraron el río haciendo un ruido que les ha quitado el sueño a todos los habitantes.

Los reclamos volvieron a aflorar y los cooperativistas empezaron a explicar sus acciones.

Carlos Troche, diputado y dirigente de las cooperativas, participa activamente en el conflicto. Al ser consultado sobre la situación, Troche reclamó por las bajas regalías mineras del departamento. “La Paz es el quinto departamento en ingresos mineros. No puede perjudicarse por este tipo de actividades. (…) Si nos van a cortar la minería por el tema ambiental, lamentablemente le están quitando un derecho de desarrollo a La Paz”.

El parlamentario aseguró además que “los turistas más bien a su paso admirarán el trabajo que están realizando los mineros. Mostraremos que así es el tema de la minería en el país”.

Cooperativistas paralizan labor

La suma de problemas motivó una tensa e infructuosa reunión entre las partes en marzo, cuando se realizó un encuentro entre autoridades del municipio, comunarios, cooperativistas y asesores de la Comibol.

Durante la cita, los abogados y asesores legales de la estatal, Percy Ávila y Fernando Gonzales, y el entonces presidente de la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de La Paz (Fecoman), socio de una de las cooperativas, el diputado Carlos Troche, asumieron una postura común.

Las autoridades ediles de Coroico sustentan su posición de expulsar a las cooperativas mineras en la Ley 2074, que declaró a Coroico como Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico.

Los mineros optaron por paralizar labores durante tres semanas, plazo próximo a cumplirse.