El desemboque de la pelea por el método de asignación de escaños en las asambleas departamentales y, luego, el sorpresivo proceso de aprobación de una “ley transitoria" sobre autonomías exhiben, desde dos espacios diferentes, serios y precoces desajustes para conducir la fase constructiva del nuevo Estado.
Las directivas del Órgano Electoral, con entusiasta apoyo del Gobierno y el IPSP (MAS), para distribuir curules en los órganos legislativos de los departamentos desertan completamente del texto y el espíritu de la Constitución, claramente definidos por una orientación a la proporcionalidad, y derivan hacia un régimen ubicado a medias entre el bipartidismo (orientación que se impuso entre 1989 y 2005) y uno de partido predominante. En esta materia, el IPSP retorna a sus propias inclinaciones, rompiendo con las bases fundamentales de la concepción plural y diversa de un Estado plurinacional, incompatible por definición con tendencias restrictivas y penalizadoras de minorías.
Esa debilidad para interpretar y asimilar el sentido y los principios de funcionamiento democrático del nuevo orden estatal por el que ha pugnado la gran mayoría del pueblo boliviano se ratifica con el manejo de la “ley transitoria” que, más allá de sus designios tácticos y su mérito (efectivizar la vigencia legal de autonomías departamentales y regionales mediante una reglamentación), exhibe una intrínseca impotencia para cumplir el mandato de la CPE respecto de la elaboración de una ley marco de las autonomías.
La atronadora publicidad noticiosa sobre la pugna entre caudillos nacionales y regionales y la amenaza de coartar derechos y garantías constitucionales que contiene esa ley ha conseguido apagar hasta ahora la consideración de cuestiones de igual importancia y mayor proyección. La primera es que la sustitución de la ley marco, por la transitoria, muestra que el principal problema del Gobierno es que no puede ponerse de acuerdo internamente sobre un proyecto unificado (diferencias entre ministerios y entre facciones internas) y tampoco garantiza la adhesión de aliados sociales clave (los indígenas, como principales, pero no únicos, críticos).
La otra es que la atención respecto de la vigencia de autonomía se concentra sobre los gobernadores, cuando su mayor potencial se encuentra en los nuevos espacios institucionales legislativos que generan un defensismo, vecino con el horror, dentro de un oficialismo decidido a concentrar poder y control, cuando la tendencia histórica del país —no de un grupo de departamentos o de grupos empresariales— va en sentido exactamente contrario. Aunque los representantes gubernamentales se esmeren en tratar de hacer creer otra cosa, las nuevas contradicciones no lo enfrentan principalmente con una media luna, sino con la poderosa voluntad descentralizadora y autonomista de toda la nación.
Una vez más: la independencia del electorado, tan patente en todos los eventos electorales, pero especialmente notoria en 2005 y abril de 2010, prueba que el autonomismo es parte sustantiva del proceso constituyente, aun cuando los gobernantes no hayan logrado comprenderlo.
La construcción del nuevo Estado hipercomplejo, en sustitución del andamiaje “simple”, monocultural y homogéneo del que va quedando atrás, puede afrontarse como una tarea abierta y transparente. Sin embargo, la dirección política del proceso prefiere hacerlo de manera opaca, incrementando así el riesgo de que el resultado sea complicado y, en un determinado momento, llegue a ser inútil.
Profesor universitario
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