Comerciantes de San Fernando entregan firmas para esclarecer la muerte de una compañera

"Era una persona muy querida y no puede quedarse en el olvido, queremos que se haga justicia, que se resuelva el caso", aseguró Mercedes Olmedo, comerciante y amiga de la fallecida.

Antonia Navarrete, de 51 años, falleció el 8 de mayo de 2006 dentro de su tienda de regalos y bisutería tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, después de que unos individuos la amordazaran y maniataran con cinta aislante para robar el dinero de la caja registradora.

Olmedo, cuyo local está situado al lado del establecimiento de Navarrete, aseguró que la recogida de firmas "fue un acto solidario que surgió de manera espontánea a la puerta de la tienda de Toñi el mismo día de su muerte y ha continuado a lo largo de estos meses".

La comerciante explicó que "lo más duro fue ver que se hacía realidad algo anunciado, que veíamos venir desde hacía meses y por lo que en febrero nos reunimos con responsables del Ayuntamiento para pedir más vigilancia, algo que no hicieron hasta que pasó lo que pasó".

La reunión fue solicitada después de que unos desconocidos robaran a Navarrete poniéndole un cuchillo en el cuello el 26 de diciembre y el 19 de enero rompieran los cristales de la inmobiliaria en la que trabaja Olmedo, según relata ésta última.

En cuanto a la situación actual del barrio, la portavoz de los comerciantes de la zona aseguró que "a los tres meses de su muerte todo volvió a estar igual, nos seguimos sintiendo inseguras y sigue sin haber vigilancia policial".

Salvador Bellido, presidente de la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español (Copyme), señaló que las firmas "son una muestra de preocupación porque no se ha resuelto el crimen y una llamada de atención para que entre la policía y el ayuntamiento hay una colaboración que garantice la seguridad de los comerciantes".

Por su parte, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de San Fernando, Eloy Rodríguez, mostró su "solidaridad" con los comerciantes a los que explicó que "la línea de investigación sigue abierta" y se comprometió a remitir las firmas a la Delegación de Gobierno, encargada de la resolución del asesinato.