Ecuador registra mas de 800 violaciones a los DD.HH.

El informe, de unas 2.400 páginas divididas en cinco volúmenes, ofrece testimonios y pruebas de 118 casos, en los que se registraron 831 violaciones a los derechos humanos, y señala la responsabilidad de más de 400 autoridades, entre policías, militares y civiles, según medios locales.

El documento recoge abusos tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias entre 1984 y 2008.

Según la información recabada por los integrantes de la Comisión, la mayor parte de los hechos, el 55,1 por ciento, se registró durante el Gobierno del ya fallecido León Febres Cordero, entre 1984 y 1988, cuando se contabilizaron 32 ejecuciones extrajudiciales y doce atentados contra el derecho a la vida.

Además, en ese periodo se registraron también nueve desapariciones forzadas, 214 privaciones ilegales de la libertad, 275 víctimas de tortura y 72 hechos de violencia sexual.

En el acto oficial de presentación del informe, al que asistieron numerosas autoridades, Correa afirmó que el documento contribuye a encontrar la verdad y que su Gobierno se plantea "acabar con la impunidad".

Está "prohibido olvidar", señaló el mandatario, quien, en nombre del Estado ecuatoriano, pidió perdón a las víctimas y aseguró que en el país se tendrá una "posición indeclinable en contra de la impunidad".

Los responsables tendrán que "rendir cuentas de su infamia, tienen que ser juzgados y pagar por sus crímenes de lesa humanidad", subrayó.

Manifestó que el periodo de Gobierno de Febres Cordero supuso "uno de los tiempos más oscuros" de la historia del país, en el que "se adoptó la violencia como política de Estado".

"En ese tiempo se crearon escuadrones volantes que recibían la consigna de que cualquier persona abatida tenía que ser considerada una ganancia de la paz, es decir, la pacificación debía ejecutarse a cualquier costo para imponer en Ecuador la paz de los sepulcros", afirmó.

Correa consideró que, tras los resultados del informe, el Gobierno no va a "disfrazar cobardías con falsas prudencias" y que "las acciones y penas de torturas, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia son imprescriptibles y no son susceptibles de indultos o amnistías".

"En el nuevo Ecuador, el Gobierno asume el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos", añadió y destacó que el "ánimo no es el de abrir antiguas heridas, precisamente lo contrario, lo que buscamos es que nunca más se vuelva a herir", dijo.

"La comisión ha terminado su labor, pero empieza todo un proceso" judicial, señaló y aseguró que el Ministerio de Justicia hará un seguimiento "de todos los casos".