Dobo denunció que miembros de la comunidad se han venido dado cuenta de esta irregularidad desde hace aproximadamente 15 días y refutó el hecho de que no se ha permitido la participación de la ciudadanía en esta investigación.
El miembro de la junta parroquial hizo un llamado a la Fiscalía, así como a las autoridades de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) para que se apersonen en el sitio y se tomen las medidas correctivas. “Es grave lo que está ocurriendo”, señaló Dobo.
Funcionarios de la policía regional se presentaron en el lugar, sin embargo, la Guardia Nacional ya había hecho acto de presencia, evitando el acceso al galpón de medios de comunicación y miembros de la comunidad.