La pequeña ciudad de Fremont, en el estado estadounidense de Nebraska, llevará a cabo un referéndum este lunes para decidir si prohíbe a los inmigrantes indocumentados alquilar viviendas y si obliga a las empresas a no contratarlos.
La votación es resultado de una campaña de grupos opuestos a los inmigrantes, que recogieron suficientes firmas para que se llevara a cabo el referéndum entre los 25.000 habitantes de la ciudad, menos de un 10 por ciento de los cuales son latinos, según The New York Times.
La propuesta obliga a las personas que quieran alquilar una vivienda a pedir un permiso al ayuntamiento, que la denegará a personas que sean indocumentadas.
Además, exige a las empresas contrastar la documentación de los trabajadores con una base de datos conocida como "E-Verify", para cerciorarse de que tienen papeles.
Paradójicamente este requisito no se aplicará a las plantas de procesamiento de carne que emplean a la mayoría de los latinos, porque están ubicadas fuera de la ciudad.
En los últimos años otras ciudades del país han aprobado medidas similares, aunque en general en votaciones en los ayuntamientos, no en referendos.
Abrió el camino en 2006 la ciudad de Hazleton, en Pensilvania, que emitió una norma que penaliza con mil dólares diarios a las empresas que contraten a inmigrantes indocumentados o a los dueños de viviendas que les alquilen. A 130 kilómetros de Filadelfia, tenía una población unas 31.000 personas en 2006, de las cuales el 30 por ciento era hispana.
Si gana el sí en Fremont previsiblemente se iniciará, como ha sucedido en las otras ciudades, un largo proceso legal por el cual los grupos que se oponen a las medidas intentarán evitar que entren en vigor.
La aprobación de este tipo de normas se ha acelerado con el estancamiento de la reforma migratoria en Estados Unidos, donde viven unos 12 millones de inmigrantes indocumentados, pues algunas ciudades y estados consideran que el gobierno federal no se ocupa suficientemente del tema de la inmigración.
La más famosa es una nueva ley en el estado de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal y da poderes a los agentes de policía para pedir los papeles y detener a quienes ellos sospechen que son indocumentados.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes han presentado una demanda contra la ley para impedir su entrada en vigor, prevista para finales de julio.
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