El Gobierno aprobará el viernes el Observatorio de la Función Pública

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha comparecido en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para informar sobre las medidas extraordinarias adoptadas por el Ejecutivo para la reducción del Déficit, en el marco de la Función Pública.

Según De la Vega, las iniciativas contempladas en el 'tijeretazo' funcionarial supondrán un ahorro de 4.500 millones de euros para el conjunto de  las administraciones en 2010 y 2011, de los que 2.650 corresponden al presente ejercicio. Las líneas maestras implican una reducción de las retribuciones en una media del  5% en 2010 y su congelación a lo largo de 2011.

Para la vicepresidenta, se trata de un ajuste “provisional y temporal” de los salarios en la función pública “por responsabilidad, para garantizar precisamente la viabilidad de nuestro modelo de protección social y de nuestra economía en un momento de dificultades”. Explicó, en este sentido, que esta medida supone la revisión de uno de los puntos del acuerdo firmado con los sindicatos de la función pública, el 25 de septiembre de 2009.

Pese a esa ruptura de compromisos, Fernández de la Vega hizo hincapié en que la decisión del Gobierno de proceder al 'tijeretazo' está avalada por el Estatuto Básico del Empleado Público, una norma que prevé la posibilidad de suspender o modificar los pactos y acuerdos “excepcionalmente y por causa grave de interés público, derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas”.


 Observatorio del Empleo Público

No obstante, y pese a la gravedad de la medida, Fernández de la Vega anunció en la Comisión Constitucional que el resto de los puntos del acuerdo suscrito con los sindicatos "sigue vigente", y anunció que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará la creación del Observatorio del Empleo Público. Este organismo, previsto en el citado acuerdo, tendrá la misión de realizar un diagnóstico en profundidad de la situación del empleo en la Administración del Estado para, posteriormente, determinar fórmulas que permitan “el mejor rendimiento de nuestro capital humano, en interés de los ciudadanos”.

Según las explicaciones de De la Vega, el Consejo de Ministros también tiene previsto el próximo viernes, con la finalidad de seguir conteniendo y controlando el gasto en la Administración General del Estado, reducir del 8 al 5 % el máximo de vacantes que pueden tener los departamentos y organismos de la misma. Una limitación que evitará desviaciones al alza en sus masas salariales.

“Mantenemos y reforzamos, por tanto, la austeridad y la eficiencia de la Administración, y a la vez el proyecto y el objetivo de la modernización del servicio público”, destacó de la Vega, quien también adelantó que el Consejo de Ministros tiene previsto presentar, en el próximo periodo de sesiones, la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

Según explicó la vicepresidenta, esta norma pretende “poner las bases para la Administración del nuevo siglo”, incentivando el trabajo productivo y la dedicación, eliminando desigualdades y rigideces retributivas, y situando la formación continua en “un elemento permanente y central de la administración”.

De esta manera, se abordarán cuestiones como el Plan de Reordenación de Recursos Humanos, el avance en capacitación de los trabajadores, la plena implantación de la administración electrónica o la armonización de las clases pasivas con el régimen general de seguridad social.