El largo esfuerzo de Chile por ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio sus primeros frutos con la invitación de su Consejo a constituirse en miembro pleno, para lo cual se inicia un proceso que deberá prolongarse poco más de un año; pero deberán transcurrir muchos más para superar las brechas que nos separan de las 30 economías más avanzadas del mundo que integran la OCDE.
En ese sentido y en una de sus primeras reacciones, el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, dijo que la decisión permitirá “tener acceso a aprender cómo se hacen las cosas bien”. “Estamos a quince años de ser un país desarrollado”, dijo y expresó su complacencia y la del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet..
Este acontecimiento significa un reto de envergadura para la coalición gobernante, la alianza de oposición centroderechista y las fuerzas extraparlamentarias. Se trata de poner al país, su crecimiento y el bienestar de la población en el eje transversal del accionar político, social y económico.
El secretario general del la OCDE, el azteca Ángel Gurría, dijo que “Chile es un país que en América Latina se ha distinguido por políticas económicas y sociales que han estado marcando las pautas y su adhesión nos permite ampliar el alcance geográfico de la OCDE”.
Chile fue invitado junto a Rusia, Estonia y Eslovenia, en una política de apertura y de mayor representatividad global que busca la OCDE, por lo que a estos seguirán otros países, entre ellos China, Brasil e India. Otros 16 países, incluyendo Argentina, están interesados en ingresar al organismo internacional.
Ganancias para Chile
Chile ha sido un país observador en la OCDE desde 1996, participa en numerosos grupos y Comités de trabajo, ha participado como tal y por varios años en el Consejo y ha sido objeto de varias evaluaciones en el ámbito económico, medioambiental y otros sectores que hablan de la calidad del desarrollo del país.
Se trata de la “evaluación entre pares”, mediante la cual los países integrantes se miden entre sí y buscan las soluciones a problemas comunes y establecen colaboración para coordinar políticas domésticas e internacionales.
Esas evaluaciones son una de las ganancias de estar en la OCDE, por cuanto ayudan a la elaboración de “buenas prácticas” económicas, sociales, comerciales, institucionales y en los ámbitos del emprendimiento y la innovación, según ha destacado la cancillería chilena. También contribuye a mejorar la gestión de las políticas públicas.
Estar en la OCDE favorece igualmente el acceso a información y estudios en ámbitos claves, abre nuevos espacios a la promoción de los intereses económicos nacionales a nivel multilateral y bilateral y permite trabajar colegiadamente en la adopción de estándares internacionales que mejorarán la calificación de la economía a nivel mundial.
Desde la recuperación de la democracia en 1990, Chile ha estado empeñado en formar parte del organismo. Los esfuerzos se iniciaron en el gobierno de Patricio Aylwin y fue en la administración del presidente Ricardo Lagos cuando se presentó una demanda formal para convertir al país en miembro pleno, paralelo a un estrecho acercamiento con ese organismo que hasta antes de la irrupción de China representaba el 75% del PIB Mundial (hoy representa casi el 50%).
En el concierto mundial se percibió a Chile como un país de consenso para las treinta economías más avanzadas que componen la OCDE, encabezadas por Estados Unidos, Francia, Japón, España, Alemania, entre otros.
Numerosas personalidades de la OCDE ya habían manifestado asimismo su conformidad y consideraban que Chile cumplía con las cuatro condiciones necesarias para ser invitado al seno de la entidad, previo proceso de accesión que demorará algo más de un año.
Esas condiciones son: economía de mercado, libre comercio, pluralismo democrático, defensa de los derechos humanos, entre otros aspectos valóricos; beneficios mutuos (Chile se beneficia y beneficia a la OCDE por sus prácticas y experiencias en 20 años de transformaciones sociales, económicas y políticas); ser un “país importante” en cuanto a su capacidad para reforzar las prácticas y valores a escala global y regional y, en cuarto lugar, proporcionar a la OCDE el carácter de organización de alcance global y multirregional, lo que está dado por las amplias relaciones, tratados y convenios internacionales que Chile mantiene vigentes.
Los éxitos macroeconómicos del país han influido igualmente en la favorable decisión tomada en París. El informe económico de la OCDE sobre Chile (2005) destacó efectivamente el “excelente desempeño” de una economía recuperada de la desaceleración , una “gestión macroeconómica ejemplar”, implementación de políticas dentro de un marco creíble y basado en las reglas, finanzas públicas robustas y un proceso continuo de reforma estructural que abre nuevas oportunidades al crecimiento.
Las más recientes cifras económicas refuerzan esta percepción: un Índice Mensual de Actividad Económica de 6,5%, muy por encima de las expectativas; un estado con arcas abundantes en dólares por los favorables precios del cobre, un holgado superávit fiscal, una inflación que se mantiene dentro del rango meta del Banco Central, un buen comportamiento del consumo, reservas internacionales estables y un desempleo que ha descendido, entre otros factores.
Los delitos de soborno, lavado de dinero, cohecho, fraude no constituyen –opina la OCDE- un problema grave en Chile y el país se sitúa en un lugar aceptable en el ranking mundial de probidad.
La Deuda Social
Ahora, está claro y es palpable que el crecimiento no ha significado una distribución justa de los ingresos -ni mucho menos- y muchas características propias de los países subdesarrollados van de la mano de los “avances del crecimiento”, como la deficiente calidad de la educación en el país.
El mismo informe precisa algunos aspectos en que Chile debe superarse. “La brecha de ingresos sigue siendo considerable en relación a los países de la OCDE. El principal desafío de las políticas en Chile es, por lo tanto, elevar el potencial del crecimiento de la economía”. El ingreso per cápita es menos del 40% del promedio de los países de la OCDE y menos del 30% del de Estados Unidos.
También apunta a una “débil inversión en investigación y desarrollo”, con un “sistema nacional de innovación fragmentado, que no es propicio para planificación a largo plazo”, lo que constituye un preocupante cuestionamiento.
Asimismo, acusa una deficiente acumulación de capital humano (área que califica de mayor atraso en el país) e insuficiencias en los estándares educacionales, en capacitación laboral y en la participación en la fuerza de trabajo. Cuando en el país crece el número de habitantes mayores de 60 años, el informe pone el acento en serias y graves expectativas para los pensionados. Son éstos algunos de los aspectos que reclaman que en Chile se gobierne efectiva y definitivamente para su desarrollo integral.
Tal vez uno de los mayores problemas de los países de economías emergentes que se sumarán paulatinamente a la OCDE, frente a las treinta más avanzadas del mundo, será el saber encontrar en el seno de la organización las “buenas prácticas” -como dice Foxley- que hay que aprender para conducir un crecimiento acompañado de bienestar social.
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Manuel Villar Burchard
Periodista,
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