El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó en los desayunos informativos organizados por Europa Press que la duda es si la Fiscalía ha "ido demasiado lejos" al anularse 386 listas de las agrupaciones de Abertzale Sozialistak (AS) y del partido Acción Nacionalista Vasca (ANV), ya que hay pueblos donde prácticamente no ha quedado ninguna candidatura que concurra a las próximas elecciones del día 27.
En este sentido, Conde-Pumpido señaló que el Tribunal Constitucional había dicho "que es posible" que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se hubieran "pasado", para a continuación agregar: "Pero ha colado". No obstante, en su intervención destacó que el auto del alto tribunal en el que confirmó la anulación de 133 listas de ANV no encontró "ni reproches, ni sugerencias, ni censuras" a la actuación del Ministerio Público o los Servicios Jurídicos del Estado.
El fiscal general explicó que hay dos tipos de concepciones en relación con la Ley de Partidos, una que se atiene a lo que dice el texto legal y otra que considera que los 150.000 votantes de Batasuna no pueden votar y que cada vez que deciden votar a unas listas que no son las suyas, pero son próximas, hay que ilegalizarlas.
En su opinión, esta segunda concepción de la ley de partidos trata de establecer una especie de "Guantánamo electoral", cuando la "ley de partidos empuja hacia la paz".
EMPUJAR HACIA LA DEMOCRACIA
Tras recordar que la izquierda abertzale "naturalmente" puede votar a un partido de su propio ámbito ideológico, que repudie la violencia, porque no está privada de su derecho al voto, agregó que lo que él pretendía era "empujar a la gente a participar democrática y pacíficamente".
"Lo que queremos nosotros no es empujarles hacia la violencia por no dejarles ningún camino, sino empujarles hacia la democracia", aseguró.
En este sentido, recordó que "la ley de partidos no empuja a los 150.000 votantes del mundo de Batasuna hacia la violencia, sino que los empuja hacia dentro del sistema. Lo que pretende es que todas estas personas se incorporen al sistema democrático y por lo tanto participen en la democracia a través de un partido que repudie la violencia y asumiendo la democracia".
Por ello, en su opinión, el Estado de Derecho podría haber ido "demasiado allá", ya que se trata de más de 4.000 candidatos excluidos. No obstante, se mostró tranquilo ante el hecho de que sus peticiones han sido aceptadas tanto por el Tribunal Supremo como por el Constitucional.
PROCESO DE EXTINCIÓN DE ETA
Al ser preguntado sobre si la decisión de no impugnar más listas de ANV formaba parte de un supuesto proceso de paz, Conde-Pumpido contestó que, en su opinión, "tiene que ver con el proceso de extinción en el que se encuentra ETA y en el de reconversión" del mundo abertzale para "incorporarse al sistema democrático". Agregó que es "indudable" que, aunque en cualquier momento pueda "darnos un susto", el tiempo del terrorismo etarra "se ha acabado, es obsoleto".
En cuanto a por qué no se ha actuado contra más listas, el fiscal general recordó que se habían impugnado las principales y se remitió a la jurisprudencia del TC, que ha declarado que "los violentos deben ser apartados, porque nadie puede hacer compatible las urnas con las armas. Nadie puede participar en el proceso electoral si al mismo tiempo utiliza la violencia y por tanto la ley".
En este sentido, defendió que con la impugnación selectiva de listas había "funcionado el bisturí, no el garrote" y se ha "extirpado el cáncer sin hacer daño al paciente".
Además, explicó que si se hubiera actuado contra todas las candidaturas en las que aparece una persona que fue miembro de una anulada con anterioridad, al final se impediría concurrir a las elecciones a toda la izquierda abertzale.
A pesar de defender el exhaustivo trabajo desarrollado tanto por Fiscalía como por Abogacía del Estado revisando alrededor de 10.000 listas, anunció que el Ministerio Público se mostrará "vigilante" para instar la ilegalización de ANV si aparecen otras circunstancias "jurídicamente relevantes".
No obstante, se negó a adelantar qué indicios podía tener en cuenta para ello, porque, explicó en cuanto surge "lo que hipotéticamente podría ser un indicio, se plantea como una demanda absoluta" para que el Ministerio Público actúe.
"El proceso de ilegalización de ANV, o su suspensión en vía penal, no quedan descartados por la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Pero ello no quiere decir que el Ministerio Fiscal, esté en campaña electoral, ni mucho menos que se convierta en objeto de la campaña de nadie. Hasta aquí hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer y los ciudadanos puedan confiar en que haremos con la misma eficacia cualquier otro que la ley nos exija. Pero lo haremos como hemos hecho éste: cuando el fiscal entiende, atendiendo exclusivamente a la ley, sin dejarnos presionar por nadie", aseguró.
En cualquier caso, negó presiones por parte del Gobierno en ninguna materia y menos en cuestiones de terrorismo, e insistió en que la Fiscalía siempre ha mantenido un criterio "estrictamente jurídico" a la hora de instar la impugnación de listas.
PONER EL ESTADO DE DERECHO EN JAQUE
Durante su intervención, Conde-Pumpido reiteró sus argumentos para no haber instado ya la ilegalización de ANV, entre los que figura que hacerlo supondría "poner al Estado de Derecho en jaque, aunque no sea jaque mate, cada vez que hay elecciones".
En este sentido, explicó que se podría instar la ilegalización y pedir como medida cautelar que ANV no se presentase, pero, en su opinión, sería algo desproporcionado, porque afectaría a derechos fundamentales.
"Tanto si la pretensión salía adelante como si no, estaríamos indicando a Batasuna un camino" para obligar "a las instituciones del Estado, a su antojo, a hacer algo tan grave como ilegalizar un partido un mes o quince días antes de cada proceso electoral, y hacer depender esas elecciones de una medida cautelar que podría terminar dando lugar a su anulación", afirmó.
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