Separatismo e indigenismo

El primer período de gobierno de Evo Morales sirvió para neutralizar el separatismo de la “nación camba”, cuyos líderes gestionaban ante la comunidad internacional el estatus de “protectorado” para Santa Cruz de la Sierra, en tanto el alcalde cruceño Percy Fernández dijo que había llegado la hora de “trazar la raya” entre el oriente y el occidente. Los separatistas, cuyo poderío se asentaba en grandes haciendas, control de medios de comunicación, bancos y relaciones con trasnacionales, canalizaron en su beneficio legítimas demandas de autonomías departamentales en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba. Llegó un momento en el que Evo no podía ingresar a seis de las nueve capitales de departamento del país.

Para derrotar este riesgo, el régimen exacerbó el indigenismo. La consigna de 36 inexistentes naciones precolombinas coadyuvó a reprimir y derrotar a sus oponentes. La concesión de bonos, a diestra y siniestra, y la atolondrada aprobación de un texto constitucional incoherente, en el que se contraponen irreconciliables regímenes autonómicos regionales, departamentales, municipales e indígenas, vinieron en ayuda del grupo palaciego. Los enfrentamientos provocaron decenas de muertos. En ese momento, Unasur dio a Evo un apoyo decisivo. Con ese aval, el régimen expropió tierras a grandes hacendados, en tanto líderes autonomistas fueron perseguidos, encarcelados y acusados de terrorismo.

Sin embargo, después de su victoria, ratificada con su reelección por el 64%, el Primer Mandatario advirtió, para desencanto de las ONG, que el reconocimiento de las inventadas naciones indígenas era inviable, sobre todo después de frecuentes linchamientos cometidos a nombre de justicias comunitarias y de crecientes pugnas internas por territorios, competencias y recursos naturales. Simultáneamente, Brasil cobró su apoyo en Unasur al mantener paralizada a YPFB. Sólo funcionan con eficiencia los megacampos operados por Petrobrás, y que alimentan al coloso de San Pablo. Chile hizo lo mismo al conseguir que Bolivia no reclame su salida al mar en los foros internacionales.

Lo anterior explica el retorno al centralismo más secante. Muchas de las anunciadas transformaciones culturales, algunas altamente valiosas, y las competencias autonómicas serán aplicadas con cuentagotas y en próximas décadas. Los planteamientos de retorno al Tawantinsuyo y el tema de las 36 naciones han desaparecido de los discursos oficiales. El desorden institucional y económico (salvo en la macroeconomía, que entrega a EEUU y la banca foránea el manejo de las reservas monetarias), hace que el Gobierno trate de esbozar un proyecto nacional con algunos signos alentadores, como la instalación de una termoeléctrica de 100 MV en Tarija y de una planta hidrometalúrgica de cobre en La Paz. Asimismo, resolvió aumentar la presencia estatal en fronteras, auditar a empresas madereras y fiscalizar la hasta ahora incontrolable explotación aurífera en la región amazónica.

Pese a que la oposición está castrada política e ideológicamente, el oficialismo no puede ocultar el aumento del contrabando y el narcotráfico. Las hábiles campañas internacionales que presentan a Evo como defensor del cosmos, del agua y de pueblos indígenas no compensan la carencia de gestión y la corrupción interna. Una mezcla de estafa, prostitución y asesinato impidió a Bolivia contar con la primera planta separadora de líquidos del gas que se exporta a Argentina y Brasil. El Poder Ejecutivo ha adquirido sin licitación, lo que es imposible de explicar jurídicamente, un avión presidencial por 38 millones de dólares, en tanto se apresta a destituir al opositor alcalde de Potosí, René Joaquino, por comprar algunos camiones usados para su municipio.

Ex ministro de Hidrocarburos

Andrés Soliz Rada