En los autos de medidas cautelares figura una relación de los bienes de propiedad de los imputados, todos ellos en prisión, junto con los otros dos implicados, o de sus familiares directos.
En el caso de José Antonio López Gómez, figuran 16 cuentas bancarias en varias entidades, siete inmuebles, tres de ellos viviendas en Santander, Laredo y Villarcayo, y el resto almacenes; otro más a nombre de su cónyuge en Madrid, por valor declarado de 240.000 euros; y un Volkswagen Golf.
Además, y a nombre de sus dos hijas, figuran nueve cuentas bancarias, un fondo de pensión, un Audi A6, un Mercedes S/C2 y un inmueble en Madrid.
En el caso del abogado Rodolfo Menéndez del Pozo, la relación de bienes incluye once cuentas bancarias y un inmueble en Santander en propiedad compartida con su cónyuge.
Por último, a Jesús José Reina González, se le atribuyen doce cuentas bancarias, según la relación incluida en los autos por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, José Hoya Coromina.
Según el auto judicial, Jesús José Reina González y Rodolfo Menéndez del Pozo idearon, con la colaboración y participación directa de Jesús José Reina González, la constitución de una trama societaria destinada a la emisión y venta de facturas falsas con fines defraudatorios.
Para ello, se sirvieron de los conocimientos del abogado encausado, que "constituía las sociedades o las adquiría", constituyendo un entramado de sociedades en liquidación o inoperativas al frente de las cuales pusieron a un "testaferro", José Ángel Ciseros Igareda, de 73 años, el único de los cinco imputados que podría eludir la prisión con una fianza de 15.000 euros.
A los acusados se les imputa un delito continuado contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa y falsedad en documento mercantil.
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