Asamblea: la mayoría operó

Tras un arduo y desgastante debate público que involucró a autoridades, docentes y estudiantes de las universidades públicas y privadas, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Educación Superior. Para alcanzar 63 votos se sumaron legisladores de diferentes fuerzas al bloque oficial.

El Primer Mandatario está convencido de que la Ley es indispensable y además que la educación superior debe ser controlada y regulada por el Estado.

La parte medular del proyecto aprobado consistió en el sistema nacional que regulará, con matices, a la Educación Superior pública y privada. Este sistema tendrá dos organismos con distintas funciones: un Consejo Superior y otro destinado a la evaluación.

En una sociedad libre es bueno tener una educación regulada, pero aquellos controles no deberían ser otros que los de la calidad, la acreditación legal y los parámetros educativos.

La educación pública, pagada con el dinero de nuestros impuestos, debe ampliarse a grandes sectores, priorizando la calidad sobre la masificación sin excelencia.

La educación privada debe estar prevalida de la libertad de cátedra y los aportes privados de los promotores de las universidades no deben tener otra condición que una procedencia legal de los fondos, así como unos parámetros académicos que se ciñan de modo general a los niveles docentes y no a influencias políticas ni controles estatales. Se respeta la autonomía pero se incluye el preocupante cogobierno aunque en distintos porcentajes, en públicas y privadas. Aunque los aranceles deberán observar los parámetros que imponga el Consejo de Educación Superior es válido un sistema diferenciado que facilite el acceso.

El Presidente (colegislador) tiene la última palabra.