Reforma a la Justicia queda en ‘stand by’

Santos argumentó que la estructuración de la reforma requiere de más tiempo de diálogo, discusión, estudio y análisis, por lo que la propuesta se planteará de una forma más sólida para ser presentada en el primer semestre del próximo año, aunque esto, aseguró el Presidente, no significa que el Gobierno esté necesariamente buscando llegar a un consenso.

Entre tanto, frente a varios rumores que circularon tras el anuncio, y que hacían referencia a una ‘caída’ del proyecto, Santos agregó que "reforma a la justicia va a haber porque es una necesidad para el buen funcionamiento del Estado y para que los ciudadanos puedan tener una justicia más ágil, más oportuna, que resuelva en tiempo razonable sus demandas y denuncias".

El punto más álgido en la discusión con las cortes y la academia, integrantes de la mesa de justicia, igual que el Gobierno, es la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, que es el organismo encargado de controlar y vigilar el funcionamiento de la rama judicial. Los otros temas sobre los que no hay acuerdo son la figura de precedente judicial, el presupuesto para la rama y la reglamentación de la tutela.

De otro lado, el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, afirmó que en la actual legislatura; que incluye reformas de los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Policía; se privilegiará el tema de seguridad ciudadana, dentro del cual se crearán nuevas medidas para el trato de los delincuentes menores de edad.

En ese sentido, el Gobierno propone dos medidas: la primera es que sea un juez el que decida si un menor de edad que cometió un delito grave, como el homicidio, es procesado con las normas especiales o como adulto, previa valoración del perfil psicológico que haga Medicina Legal. Si el resultado de esa valoración es que actuó como mayor de edad, se le impondrá una pena ordinaria fijada en el Código de Procedimiento Penal.

"Un menor de 15 años que se ha convertido en sicario será juzgado como adulto y se le impondrá una pena de adulto, así tenga que pagar la pena en un centro de reclusión especial", explicó Vargas Lleras.

La segunda, contempla la eliminación del tope de edad para que un joven delincuente permanezca detenido en un centro de reclusión especial, que actualmente es de 21 años.