El 'ladrillazo' español no funciona en Rumania

Dos empresarios españoles del sector del 'ladrillo' se contaban sus cuitas durante la conferencia que mantuvo el miércoles el ex director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, actual presidente de SEOPAN, la patronal del ladrillo. La conversación no tenía desperdicio.

De lo que ambos comentaron se deduce que la experiencia española del 'ladrillazo' no es exportable a otros países de la Unión Europea, ni muchos menos a Rumania, donde algunos vieron la nueva 'Meca del hormigón'.

Uno de los empresarios reconocía que su empresa había comprado hace años inmuebles en Bucarest, los cuales habían rehabilitado y puesto luego a la venta. Pero el proyecto apenas salía adelante: han conseguido vender a duras penas los apartamentos pequeños, pero no los grandes. Y no es sólo por culpa de la crisis económica -que también-, sino porque el gobierno rumano no concede ayudas especiales para la compra de vivienda y, además, la tiene gravada con un tipo de IVA del 24 %. "Una locura", decía el empresario español, acostumbrado a la legislación española.

El otro se lamentaba aún más, porque su empresa -y otras del sector, según dijo- había querido exportar a Rumania el concepto tan español del 'pelotazo' urbanístico. Es decir, que habían comprado a muy bajo precio terrenos rústicos, esperando que los poderes públicos rumanos se los recalificarían y podrían construir inmuebles a go-gó. Pero, ¿que ocurrió? Pues que la crisis actuó en contra de la especulación, las recalificaciones no se han producido y estos empresarios se tienen que comer los terrenos que compraron. Nada de eso pasó en España y así nos va.

Por cierto, que en esos momentos de intensa charla, Taguas hablaba de la necesidad de que los partidos políticos firmaran una especie de compromiso según el cual ningún Ayuntamiento o poder público concedería grandes obras a 'empresas insolventes'. Pero, ¿quién debe fijar esos criterios de insolvencia? ¿Acaso la propia SEOPAN? ¿Taguas, tal vez?