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El delito ya prescribió

Anticorrupción: Aguirre financió ilegalmente al PP de Madrid en las elecciones de 2003 y 2004

Anticorrupción: Aguirre financió ilegalmente al PP de Madrid en las elecciones de 2003 y 2004

lunes 25 de octubre de 2010, 12:53h
El 'Gürtel' sigue vivo. Sus últimos coletazos salpican ahora a la Comunidad de Madrid y su presidenta Esperanza Aguirre, ya que, según la Fiscalía Anticorrupción, hubo  por parte de Partido Popular financiación ilegal,  merced a la trama  del 'Gürtel',  en las elecciones autonómicas de 2003 y 2004.
La Fiscalía Anticorrupción ya remitió un documentado informe oficial al juez Antonio Pedreira, encargado de la instrucción del polémico 'caso Gürtel' en el que se dice que el Partido Popular de Madrid financió ilegalmente las dos campañas electorales autonómicas de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre como primera de la lista  en la convocatoria de 2003 y e su repetición en 2004 tras el 'tamayazo'

En este mismo documento se recogen las ilegalidades que favorecieron a Esperanza Aguirre y que, siempre según Anticorrupción, fueron realizadas en connivencia con la red Gurtel y gracias a la colaboración de de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.Estas acusaciones salen de otro informe policial, el de la Brigada de Blanqueo que ésta le hizo llegar el pasado mes de julio al juez.

Ese informe asegura que fueron alrededor de en 1,2 millones de euros lo que recogían  las facturas que la empresa Special Events, integrante de la red 'Gürtel' , falsificó para el PP en 2003. Y que volvió a falsear  en 2004, en esta ocasión por un importe de alrededor de 800.000 euros.

Como es lógico, Fiscalía da máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas.

Así, según el diario 'Público', a pesar de todo, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. No obstante, la última palabra y decisión definitiva la tendrá el juez Pedreira.


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