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Reabren otra investigación en su contra

España pidió a Venezuela que extradite a Arturo Cubillas

España pidió a Venezuela que extradite a Arturo Cubillas

sábado 30 de octubre de 2010, 04:42h

El Gobierno español pidió este viernes a Venezuela la extradición del etarra Arturo Cubillas, reclamado por la justicia española como presunto responsable de distintos delitos de terrorismo y a quien investiga por un supuesto nexo entre ETA y la guerrilla colombiana. También, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, decidió reabrir el caso del asesinato de Ángel Manuel Facal en 1985, donde se presume que Cubillas participó, lo que se suma a la petición de extradición ya emitida.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó de que Cubillas es reclamado por distintos delitos de terrorismo en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco y en la que investiga las relaciones entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Cubillas, que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el organismo oficial Instituto Nacional de Tierras (INTI), es reclamado por el juez, concretamente, por delitos de conspiración para cometer homicidios terroristas y de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada.

El magistrado pidió al Gobierno que iniciara los trámites para la extradición de Cubillas el pasado día 20, aunque sugirió que antes se reclamase al Gobierno venezolano que le retirara la nacionalidad al entender que la Embajada venezolana en España y la fiscal general de este país expresaron la "voluntad del actual Gobierno venezolano de no acceder" a la entrega del etarra ante la imposibilidad de extraditar a nacionales venezolanos.

La revocación de la nacionalidad, que, según el magistrado, Cubillas adquirió "en fraude de ley", está contemplada tanto en la Constitución de Venezuela como en el artículo 27 del convenio de extradición firmado con España en 1989, según el cual "los Gobiernos de ambas partes, a través de los órganos competentes, se prestarán asistencia recíproca para facilitar el cumplimiento de este tratado".

Hoy, el Gobierno ha accedido a la primera de las cuestiones con base en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y según el Tratado de Extradición, pero fuentes consultadas por Efe no han aclarado si se ha hecho alguna gestión con respecto a la sugerencia que Velasco le hizo en su auto, el cual ha acompañado el Ejecutivo en su solicitud de extradición.

El convenio bilateral fija que "cuando la solicitud de extradición se refiera a varios hechos" que no estén penados con menos de dos años o contemplados en una sentencia que establezca una pena de la que resten menos de seis meses por cumplir, "la parte requerida podrá conceder también la extradición por estos hechos".

Asimismo, establece que "también darán lugar a extradición" los delitos incluidos en tratados multilaterales en los que ambos países sean parte.

Cubillas tiene además otras causas en vigor relativas a las acciones que se le imputan desde que se integró en el "comando Oker" de ETA en 1984 junto a Idoia López Riaño, alias "Tigresa", José Ángel Aguirre y Ramón Zapirain, entre ellos los asesinatos en 1985 de Ángel Facal Soto -al que ETA consideraba traficante de drogas- y del policía Máximo Antonio García Kleinler.

En Venezuela, la víspera, el fiscal encargado de investigar el caso citó a Cubillas para que declare en calidad de testigo el 2 de noviembre próximo, informó la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.

Por su parte, la causa reabierta por el juez Pablo Ruz es el asesinato de Ángel Manuel Facal el 26 de febrero de 1985 en San Sebastián. En él habría participado Cubillas como miembro del «comando Oker» y por ello fue procesado en rebeldía, junto con la etarra Idoia López Riaño, por asesinato terrorista y robo de vehículos a motor.

Ante la duda de que los hechos hayan prescrito ya (en el caso de asesinato, a los 20 años de su comisión, es decir, en 2005), el juez pide informe a la Fiscalía para que estudie si hubo algún acto intermedio que pudiera interrumpir esa prescripción. En este sentido, el juez recuerda en su auto que en enero de 1992 el fiscal pidió que se dejara sin efecto «cuantas órdenes de detención se hubiesen cursado por esta causa contra el citado (Cubillas)» al no existir «elementos suficientes» para pedir su extradición.


Fuentes fiscales mostraron su escepticismo sobre la posibilidad de que los hechos no hayan prescrito, máxime cuando el movimiento de la Fiscalía (en 1992) no activó la causa, sino más bien lo contrario. No obstante, hay que esperar al informe del Ministerio Público, ya la próxima semana. El juez Ruz emplaza también a la Fiscalía a que se pronuncie sobre si procede proponer la extradición de Cubillas por esta causa, pero este punto queda condicionado lógicamente a que los hechos no hayan prescrito
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