"Es una medida para proteger a las familias que depositaron sus recursos, hicieron la pre compra, y eso está perfectamente identificado, porque hay un censo realizado por Indepabis", dijo durante una entrevista.
Jaua indicó que en los próximos 30 días esperan entregar los apartamentos que ya están listos a "sus dueños legítimos".
Explicó los diferentes niveles que originaron estas expropiaciones u ocupaciones temporales.
Algunas empresas constructoras obligaban a los beneficiarios a firmar un nuevo contrato para poder entregar los apartamentos ya terminados, de esta forma incrementaban el precio original para compensar la eliminación del IPC. "El día de hoy el gobierno está ocupando esos edificios", para entregarlos a sus dueños.
"La medida se tomó exclusivamente para entregarle a quienes son adjudicatarios, a los que compraron en preventa, depositaron más del 50% o cualquiera sea el porcentaje que hayan depositado los apartamentos que las inmobiliarias le estaban negando el derecho".
El segundo nivel si dio cuando se paralizaban las obras o estaban a un ritmo muy lento. En estos casos se argumentaba que era necesario renegociar el contrato porque no haber recursos para terminarlas, explicó.
"Hemos decretado la expropiación para que el gobierno siendo propietario de esas construcciones a medio construir, pueda terminarlas y entregárselas y luego estas personas pasarían a pagarle estos apartamentos a las entidades del gobierno, a los bancos del gobierno que hayan financiado el proyecto".
En tercer lugar, se encontraron casos en los que "se captó el dinero a las personas y ni siquiera han construido, en ese caso vamos a ocupar las empresas, para tener control sobre maquinarías y algunas garantías, y el dinero que la gente les dio. Vamos a solicitar a la Fiscalía que desarrolle las investigaciones penales para poner frente a la ley a quienes han cometido estafas bárbaras".
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