“Se ha llegado a un acuerdo satisfactorio con la empresa ETI porque se suscribió un contrato transaccional de reconocimiento de derechos y de obligación general recíproca. Este acuerdo está dentro de los parámetros del decreto en lo que se refiere al justo precio, tenemos las bases jurídicas, legales y técnicas para haber conciliado con los 100 millones de dólares correspondientes a la demanda millonaria que tenía ETI”, expresaron los ministros de Defensa Legal, Elizabeth Arismendi, y de Obras Públicas, Walter Delgadillo.
De esta forma, el gobierno nacional pone fin a los conflictos legales con el de 100 millones de dólares, de los 180 millones de dólares generados en las últimas gestiones como beneficio de las utilidades de la empresa ahora boliviana, que desde su estatización en 1 de mayo del 2008, por decreto supremo 29544, aseguró el presidente interino de ENTEL, Roque Roy.
El convenio pactado a puerta cerrada concierne al decreto de nacionalización Nº 29544 y se suscribió con el representante de ETI en el país, Massimo D´Alesio. El documento señala que se debía hacer una justa compensación a la empresa extranjera previa evaluación de las partes.
“Eso se cumplió con ETI satisfactoriamente para los bolivianos y en un monto que está alrededores del 10 por ciento de la demanda que ellos habían realizado”, apuntó la ministra Arismendi.
Asimismo, detalló que esta disposición significa que esos costos y montos no generarán ningún gasto al Tesoro General de la Nación (TGN), por lo que remarcó que desde ahora se podrá invertir en la mejoría de la empresa.
La conciliación entre ETI y el gobierno llega a su fin luego de que la empresa italiana planteara un arbitraje que en 1995 capitalizó ENTEL por 610 millones de dólares.
La firma del convenio fue autorizado por el decreto supremo 692, del 3 de noviembre del 2010. En tanto que el pago de 100 millones de dólares fue aprobado el 22 de octubre por el Consejo Nacional de Defensa Legal del Estado, integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Economía, de la Presidencia y de Defensa Legal.
ANTECEDENTES
ETI, tres años atrás, interpuso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) un primer arbitraje por la transferencia que hizo el gobierno, gestionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Esta apropiación por parte del gobierno central ocurrió en abril del 2007, a través del decreto supremo 29101. En la misma asumía la titularidad del 47 por ciento de las acciones. Pero el proceso quedó trunco en octubre del 2009, porque CIADI dejó de tener competencia por el retiro de Bolivia.
La nacionalización de la empresa fue anunciada previamente por el Estado con el fin de lograr control sobre las capitalizadas, aunque inicialmente para tener una participación de 50 por ciento más uno, por decreto supremo 29087, del 28 de marzo del 2007, para lo cual requería comprar hasta 3 por ciento de otras acciones, pero el Comité encargado de negociar con ETI no logró acuerdos.
Así, el 1 de mayo del 2008, por decreto supremo 29544, el gobierno nacionalizó el paquete accionario de la operadora internacional en ENTEL.
Al concluir el arbitraje en el CIADI, ETI recurrió a otro proceso. Y el 16 de abril del 2010, presentó la demanda en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. En tanto el proceso de conciliación siguió paralelo.
De esta manera, el 5 de octubre de la presente gestión, el Estado boliviano "inicio un procedimiento ante la Corte de Distrito del Distrito de Columbia (District Court for the District of Columbia), Estados Unidos pidiendo nulidad de los acuerdos que instituyeron el Arbitraje Ad Hoc" en La Haya, señala el decreto supremo 692 que autoriza la firma del convenio con ETI.
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