El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Bergoglio, recibió en la sede del Arzobispado de Buenos Aires a los miembros del Tribunal Oral Federal 5 para prestar declaración por la desaparición de los sacerdotes Orlando Dorio y Francisco Jalic.
Ambos fueron llevados ilegalmente a la ESMA cuando Bergoglio se desempeñaba como principal de la Compañía de Jesús en el país en épocas de la dictadura.
En declaraciones a la prensa tras presenciar la audiencia, Zamora hizo hincapié en las "pocas precisiones" que ofreció Bergoglio en su declaración y, en ese sentido, argumentó que "nunca las cosas tenían nombre y apellido ni hubo constancias escritas de lo que él decía".
Para Zamora, el cardenal "no pudo justificar por qué esos dos sacerdotes quedaron en una situación de desamparo y expuestos", al tiempo que aseguró que con el testimonio de Bergoglio "ha quedado demostrado en forma muy contundente el rol tan siniestro de la Iglesia" católica durante la última dictadura militar.
Asimismo, el abogado y ex legislador no descartó que la querella pida constatar los archivos de la Iglesia para cotejar los dichos de Bergoglio.
Zamora consideró que el titular de la Conferencia Episcopal Argentina tuvo una actitud "pasiva" frente al secuestro de los dos sacerdotes jesuitas.
"El camino siempre era el de la reserva y el de las instancias internas de la Iglesia", dijo el letrado antes de manifestarse sorprendido de que ésta fuera la primera vez que el religioso declara en una causa por delitos de lesa humanidad.
"Si contaba con información sobre lo que ocurrió en la ESMA debería haberse presentado antes en la Justicia", matizó.
La comparecencia de Jorge Bergoglio fue pedida el pasado 23 de septiembre por el abogado Zamora luego de la declaración ante el tribunal de María Elena Funes, una catequista que estuvo secuestrada en la ESMA.
Al declarar como testigo por la desaparición de las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, Funes dijo que los sacerdotes jesuitas Orlando Dorio y Francisco Jalic fueron secuestrados y llevados a la ESMA luego de que Bergoglio les quitara la protección.
Ambos religiosos vivían y realizaban su labor pastoral en un barrio de chabolas del sur de la capital argentina cuando fueron secuestrados por el régimen militar en 1976.
Bergoglio fue citado como testigo por el tribunal pero el jefe de la Iglesia católica argentina se amparó en un artículo del Código Procesal Penal que establece que los altos dignatarios oficiales "no están obligados a comparecer" ante un tribunal.
Fue por ello que los jueces se trasladaron hacia el despacho de la autoridad religiosa para tomarle declaración
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