Todos a la cárcel

Es cierto que las prisiones españolas no son las de los tiempos de Miguel de Cervantes y su desconsuelo en los “baños” de Árgel, ni las de Francisco de Quevedo preso en los muros helados de San Marcos de León. Pero también es cierto que las cárceles españolas, en el siglo XXI, se han convertido en lugares inseguros, masificados, con escasez de funcionarios, y que, en muchos casos, bajo el dictado de la ley del más mafioso o del más fuerte del pabellón o del módulo o de la galería, que es la ley de la selva.
   
Así lo denuncian los sindicatos de funcionarios de prisiones, que le han enviado una carta al vicepresidente Rubalcaba pidiéndole que “ponga orden” en la Administración Penitenciaria. Los funcionarios tildad de caótica la gestión de los centros, y dicen estar hartos de incumplimientos. También denuncian que en España hay más presos, con respecto a la población, que en el resto de Europa, que se ha hecho una realidad el lema de “todos a la cárcel”, que hay más de 64.000 reclusos, y que hay una evidente falta de personal para hacerse cargo de ellos. Por todo ello, y para llamar la atención ante la opinión pública, los funcionarios de prisiones se manifestarán en Madrid el próximo día 25, exigiendo medios para su tarea y respeto para su profesión, que es de alto riesgo en el interior y en el exterior de las cárceles, y basta con recordar el terrible secuestro, a manos de los etarras, del funcionario Ortega Lara.
    
Porque una cosa, según los funcionarios, es la imagen que se “vende” de las cárceles, con sus talleres, sus grupos de teatro, sus gimnasios y sus salas de lectura, y otra muy distinta la puñetera realidad de un grupo de desesperados sin horizonte y sin posibilidad de rehacer su vida para, una vez cumplida la condena, reintegrarse a la sociedad.
    
Un sistema penitenciario realmente humano, en que se cumpla la máxima de “odia el delito y compadece al delincuente”, es hoy una asignatura pendiente en la democracia española. En muchos casos, esas escuelas para rehacer la inocencia se han convertido en universidades de la delincuencia. Si hay que construir más prisiones, que se edifiquen. Si hay que formar y contratar a más funcionarios, que se haga. Pero nadie puede tener la conciencia tranquila ante la situación actual, ni vale el pretexto de la crisis económica para ahorrar en algo que es básico para la convivencia y para la sociedad. Alguien dijo que a un pueblo se le juzga por el modo que trata a los niños y a los ancianos. Sin intención de provocar, diremos que también se le juzga por el modo con que trata a los presos. Es cierto -y lo celebramos-  que en España no hay pena de muerte; pero, en las cárceles masificadas, inseguras y sin esperanza, quizá haya otra condena terrible, a la que llamaremos pena de vida.


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