Las transferencias de justicia en Murcia que tomarán efecto a principio del próximo año, que encajan dentro del proceso de reparto competencial desde el Estado hasta las Autonomías, no dejan de representar una transferencia meramente testimonial, en relación a lo que realmente podría haber dado de sí.
Decimos esto, porque a diferencia de otras Comunidades Autónomas que con las transferencias de justicia recibieron las de prisiones, si bien en las transferencias murcianas las prisiones no se han incluido, continuando en manos del Estado, como tampoco se han incluido los órganos judiciales que conforman el llamado Poder Judicial del Estado (Jueces, Fiscales, y aún Secretarios), por lo que realmente se ha dado traslado del personal funcionario de la Oficina Judicial que dependiendo del Ministerio de Justicia pasarán a formar parte de la Comunidad Autónoma de Murcia, a través de su incardinación en la recientemente creada Consejería de Justicia, que junto con los inmuebles judiciales pasan al régimen autonómico.
Por cuyo motivo, deberíamos decir que se ha transferido, más que la justicia, la administración judicial y su red logística para el desempeño del referido servicio público. Si bien, tal hecho, en el momento en que tome efecto la transferencia del personal funcionario, la Comunidad Murciana habrá de equiparar los salarios inferiores de dicho funcionariado al resto de empleados públicos regionales, pues de suyo esto era una demanda del colectivo funcionarial cuya reivindicación se llevó a cabo con la consabida huelga que le hicieron al Fiscal Bermejo –entonces ministro del ramo-.
Así para completar el escuálido cometido de la Consejería, se le ha completado con funciones de otras como Presidencia, que le hubo de ceder cometidos de protección civil –que tienen también el Estado y los Ayuntamientos-, y las de policía –que en este caso es de coordinación de policía local, pues esta ya es cometido de la Administración Local-.
Todo ello ha supuesto que el Consejero, ateniéndose a las restricciones de la crisis, haya elaborado unos presupuestos básicamente sobre el dinero de la transferencia de Madrid.
De modo, que nos lleguemos a plantear ¿qué sentido tiene esta Consejería, artificialmente creada, entre cometidos que ya tenía Presidencia, y los efectivos funcionariales de los Juzgados que los llevaba el Ministerio de Justicia?, ¿No pretendía el Presidente Valcárcel la reducción de Consejerías y altos cargos para la reducción del gasto corriente de la Administración Regional?.
Y sobre todo, ¿qué beneficios tendrá el justiciable murciano con estos cambios?, ¿acaso irán más rápidos sus procedimientos judiciales?.
Mucho nos tememos que no, ya que el problema en vez de concentrarse se dispersa, sin llegar a descentralizar el servicio, sino que del cambalache administrativo resulta que el mismo servicio judicial por si faltara poco, es prestado por funcionarios estatales (jueces, fiscales y secretarios) y tramitado por funcionarios autonómicos recién transferidos, siendo así, que ambos colectivos tienen diferentes jefes, diferente trato retributivo y de promoción.
Por consiguiente, esta escuálida transferencia, pensamos que no sólo no favorecerá una mayor eficacia de la Administración de Justicia, sino que además al marasmo organizativo generado, se seguirá muy probablemente un ineficiente resultado, por mayor descoordinación, intromisión, y costo.
¡Dicho queda…!
EL MIRAVETE
Si (
No(
