Unanimidad para instaurar un impuesto a las eléctricas

Los tres grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla y León --PP, PSOE y Grupo Mixto-- respaldaron la creación de un impuesto para las compañías eléctricas siempre que éste no repercuta en la factura que deben abonar los ciudadanos, al tiempo que abogaron por ser "rigurosos y prudentes" en la imposición de este gravamen y por trabajar desde el grupo creado por la Junta y del que forman parte responsables de los tres grupos para tener, de este modo, todas las garantías jurídicas.

PP, PSOE y Grupo Mixto pactaron una Proposición No de Ley (PNL) en este sentido que fue debatida en la sesión plenaria de hoy y a través de la que instan a la Junta a estudiar todas las posibilidades para impulsar este tributo de carácter medioambiental sobre la producción eléctrica, los tres grupos defendieron además que este trabajo se oriente a garantizar la plena seguridad jurídica de la nueva norma de la manera en la que lo han hecho normas análogas en otras comunidades.

Asimismo, incidieron en asegurar el carácter medioambiental del nuevo tributo, tanto en la concreción de su hecho imponible como en el destino de los recursos obtenidos de su recaudación, informa ep.

El portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, fue el primero en intervenir ante el hemiciclo para defender la puesta en marcha de este tributo solicitado por su grupo en múltiples ocasiones y recordó que la PNL establece las "líneas rojas" marcadas desde la Junta de Castilla y León en el inicio del trabajo para la imposición de este tributo y recordó que esta cuestión deberá abordarse con mucho rigor, no sólo político sino básicamente jurídico, ya que "con toda seguridad" las empresas eléctricas acudirán a los tribunales y recurrirán el gravamen "como todo".

Para Otero los trabajos deben enfocarse a detallar cuál será el hecho imponible si sólo el impacto ambiental o se ampliará o otros tipos de generación de energía, en todo caso defendió que la puesta en marcha de este nuevo tributo es "una cuestión de justicia", ya que sólo en Castilla y León las compañías eléctricas logran beneficios de en torno a 266 millones de euros al año por el aprovechamiento de los embalses.

"Quien obtiene unos recursos de un recurso que no es suyo debe contribuir económicamente a ese aprovechamiento", señaló Otero, quien confió en que este nuevo tributo pueda estar establecido antes de que concluya la legislatura.

Decreto del carbón

Por su parte, el procurador socialista Pedro Nieto recordó que el origen del estudio de esta propuesta se basa en el recurso presentado por las eléctricas al Real Decreto del Gobierno central que prima el uso del carbón nacional, tras lo que recordó que la creación del gravamen es un asunto "complejo" que debe abordarse con "prudencia" y desde un estado de ánimo "frío".

Nieto ahondó en que con la PNL aprobada hoy se abre camino a la imposición de un tributo de carácter medioambiental y debe detallarse sobre qué energías repercutirá, además debe tener plena garantía jurídica, no afectar a la tarifa eléctrica y contribuir al desarrollo económico y social de la Comunidad y, a su juicio, muy en concreto a las cuencas mineras de León y Palencia.

El procurador socialista reclamó la puesta en marcha del grupo de trabajo de forma "rápida" y advirtió de que los afectados por esta decisión son "poderosos" y harán lo posible por "desvirtuar" el acuerdo alcanzado en Castilla y León.

Finalmente, el 'popular' Raúl de la Hoz señaló que la decisión de las eléctricas que recurrir el Decreto del Carbón es "socialmente irresponsable" a pesar de lo que no se puede plantear el estudio de un tributo como una "revancha" sino que debe analizarse con el "ánimo exclusivo" de impulsar normativamente la "justa" compensación medioambiental del impacto que impone a los territorios albergar plantas de producción eléctrica.

Tras insistir en la necesidad de buscar la fórmula para que este tributo no repercuta ni de forma directa ni indirecta en los consumidores, De la Hoz defendió que los fondos que recauden deberán orientarse a una compensación medioambiental para paliar el impacto que generan las centrales sobre el territorio.

"Habrá que analizarse la forma, tenemos antecedentes, no hablamos de algo nuevo, pero sí de algo sobre lo que debemos ser rigurosos y prudentes", aseveró el procurador 'popular', quien agradeció el apoyo de los grupos para lograr "buenos resultados" en beneficio del medio ambiente y de los ciudadanos.