UGT afirma que el Gobierno de Valcárcel "ha perpetrado la mayor regresión laboral de la historia de la Comunidad"

El Gobierno regional, "alineado con la filosofía del PP más rancia y contraproducente para abordar la situación de crisis, ha abrazado los postulados del ex presidente Aznar y ex presidente de la patronal, Díaz Ferrán, de trabajar más y cobrar menos, con las medidas aprobadas este jueves, que suspenden y anulan, con carácter indefinido, acuerdos alcanzados en los últimos 12 años en el ámbito estatutario", según han informado fuentes sindicales en un comunicado.

Así, entre las medidas aprobadas destaca la ampliación de la jornada semanal a 40 horas, la reducción o extinción de complementos salariales, la práctica eliminación de la acción social, la suspensión de las ofertas de empleo público, entre otras, medidas que se aplicarán a partir del 1 de enero y que suponen al tiempo una modificación de la ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2011.

"Dichas medidas perjudican a 24.000 personas en el ámbito educativo, 20.000 en el de la sanidad y 11.000 en el de administración y servicios generales", han criticado.

Y es que, según han indicado, todo ello ha sido "en el marco de una Ley tramitada por vía excepcional, en dos días, en lectura única y sin posibilidad introducción de enmiendas, hurtando la participación de los órganos consultivos (CES y Consejo Jurídico) y amordazando la voz de los representantes de los trabajadores en las Mesas de Negociación", como ha señalado el Secretario general de la UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez.

La nueva Ley significa "la persistencia del Gobierno Regional en la imagen peyorativa hacia los empleados públicos, a los que por una parte se les reconoce la importancia de su labor en la prestación de servicios públicos a la ciudadanía murciana, y por otra se les inflinge un duro e injusto castigo en sus condiciones de trabajo", han criticado.

Asimismo, supone la reducción "muy significativa" de sus nóminas, miles de ellas en el entorno de los 1.100 euros mensuales, "ampliándose regresivamente la jornada de trabajo, con lo que, en un futuro inmediato, la Administración procederá a la amortización de todos aquellos puestos que creó con motivo de la reducción de la jornada laboral".

En palabras de Jiménez "en realidad la ley de la Asamblea constituye en sí una reprobación a la actuación del Gobierno Regional, al suponer una anulación de multitud de acuerdos laborales adoptados en plena situación de crisis económica, al exigirle más disciplina en la ejecución presupuestaria y de control del gasto público, así como una reducción de una infinidad de entes ineficaces del sector público regional".

Al hilo, ha añadido que "la mayoría de las medidas que contiene la Ley, no son de carácter coyuntural, ni es una ley de epígrafes, como ha señalado el Presidente Valcárcel, sino que contempla medidas de proyección indefinida y extingue condiciones laborales que será muy difícil de recuperar en el futuro, incluso cuando se salga de esta situación de depresión económica".

"UGT siempre ha estado y está dispuesta a negociar, aunque ha criticado del Presidente que su ofrecimiento a la negociación se haya hecho una vez aprobada la ley. Es incoherente imponer y después negociar", ha apuntado Jiménez.

El sindicato entiende que, de haberse adoptado las medidas correspondientes, "no se hubiese llegado a esta situación, y que hay otra forma de afrontar el problema actual de déficit presupuestario, de carencia de ingresos y de falta de liquidez".

MILES DE CIUDADANOS A LAS PUERTAS DE LA ASAMBLEA REGIONAL

Desde antes de las 9.00 horas de este jueves, varios miles de ciudadanos se han manifestado en la puertas de la Asamblea Regional, con un fuerte dispositivo policial. Los Secretarios generales de UGT y CCOO han atendido a los manifestantes y han tildado de "inútil y cobarde" la postura del PP y del Gobierno Regional, al derivar toda la responsabilidad al Gobierno Central, al que le imputan un sistema de financiación de las comunidades autónomas que el propio Gobierno Regional suscribió en 2009.

Del mismo modo, Jiménez ha señalado "el peligro que todo esto conlleva, no sólo en cuanto a la merma de condiciones de trabajo en el empleo público, sino porque va a provocar una rebaja en las condiciones de trabajo en todas las empresas privadas de la Región de Murcia".

Finalmente, los sindicatos convocantes han manifestado la inminente celebración de reuniones y asambleas para determinar las movilizaciones a desarrollar en los próximos días.