La Consejería de Justicia debería desaparecer del organigrama del Ejecutivo

El fiasco de la mala situación financiera de la Comunidad de Murcia va a impedir que el acuerdo de transferencias de justicia tome efecto, según lo convenido y previsto. Por tanto, no se producirán las anunciadas transferencias a primero de año, habiendo quedado postergadas a mejor momento.

Tal hecho, recibido con cierto regocijo por el funcionariado de justicia, especialmente atento a lo sucedido con el funcionariado regional, determina que en la mayoría de los servidores públicos de la Administración de Justicia, apuesten actualmente por mantenerse dependientes del Ministerio.

Pero este imprevisto calamitoso, nos lleva a que Valcárcel tenga creada una estructura de nueva Consejería, con Consejero y Altos Cargos de esta, sin competencias que recibir, con unos cometidos reales al día de hoy de coordinación de la policía local, y de protección civil, por haber desplazado estos cometidos desde la Consejería de Presidencia a la de Justicia; si bien así las cosas, los únicos efectivos que dependen del Consejero Campos es la de los componentes de la Dirección General de Emergencias (antigua protección civil regional) cuyo principal sustento son los efectivos de bomberos del Consorcio Regional de Extinción de Incendios, que gestionan el teléfono de emergencias 112 en Murcia.

Por consiguiente, coincidimos con el criterio manifestado por IU que tal situación no justifica una Consejería, claramente artificial, ni tampoco creemos que Campos sea feliz siendo el "consejero de los bomberos", cuando las esperadas competencias de justicia se demoran sine die. Hecho por el cual, el Presidente Valcárcel en su ley de recorte de gasto debería de haber incluido la supresión de esta Consejería, algo que no ha hecho, ni siquiera manifestado; y que nos parece injusto e incoherente con sus pretensiones de recorte del gasto, que a día de hoy mantenga aún esta Consejería.

Haciéndonos eco de muchas opiniones de empleados públicos, reiteramos que la Consejería de Justicia debería de desaparecer, y su exiguo contenido, básicamente referido a Protección Civil, volver a la Consejería de Presidencia, ahorrando con ello los subsiguientes gastos que esta estructura e infraestructuras de servicio conlleva.