La caída de las reservas de gas natural ha determinado en los hechos un replanteo de la política de hidrocarburos seguida por el presidente Evo Morales. Sólo así puede explicarse el fin abrupto de las subvenciones a la gasolina y al diésel, pese a los riesgos políticos y sociales que el rediseño encierra. Si tendrá el juego de cintura suficiente para hacerlo y salir políticamente inerme, es otra cosa.
El problema es un dilema existencial para el Gobierno que, para salvar a la principal industria generadora de ingresos para el país, ha tenido que desechar su retórica anticapitalista. Nada más musical a los oídos “neoliberales” que acabar con los subsidios y dejar que los precios internos oscilen con las fluctuaciones internacionales. El Presidente defendió el miércoles por la noche las medidas de su Gobierno y enfatizó la necesidad de casi doblar el valor por barril de petróleo de 27 a 50 dólares que se paga a las empresas que producen también para el consumo nacional. “Si queremos inversión y tener mayor producción de gasolina y diésel, el inversionista debe tener utilidades e incentivos”, dijo, en un lenguaje que Adam Smith, considerado el padre del capitalismo, aplaudiría. Los precios estarán regidos por los mercados mundiales, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, quien el lunes anunciaba que los precios estarán indexados por las fluctuaciones del mercado internacional de hidrocarburos. La noticia la pregonaba Erbol en su página de ese día.
Al eliminar los subsidios, el Gobierno ahorraría unos 600 millones de dólares que, de acuerdo con la retórica oficial, permitirán mayores inversiones en hidrocarburos.
Todo luciría perfecto. Pero, ¿es realmente cuestión de invertir y resolver el problema? ¿No es más bien la pobreza de gestión la que impide movilizar siquiera las inversiones que el país está en condiciones de realizar?
Pues ¿cómo se explica que la ejecución del presupuesto de la nación, con cálculos para diciembre, divulgados hace unos días por El Deber, registre un magro 13,6% en hidrocarburos? Es decir, un 84,4% no ha sido ejecutado. ¿Por qué? En conjunto, el promedio de ejecución era del 56,6% de los 20 ministerios. En una empresa privada, eso sería un desastre administrativo y derivaría en una dimisión masiva de ejecutivos. Es parecido a lo que ocurriría con un condominio donde los propietarios cumplen con sus cuotas pero los administradores no pagan la luz, el agua ni el mantenimiento. Así, el condominio acaba colapsando.
Hay una sola manera de explicar lo que ocurre: la gestión gubernamental en estos cinco años ha sido deficiente en hidrocarburos, donde YPFB ha tenido seis presidentes desde 2006. La industria básica de los bolivianos se ha encogido: menos reservas, menos producción, más importaciones. Con sus bases de técnicos severamente recortadas, y perforando dos pozos por año (frente a 40–50 de hace medio siglo), es inútil pensar en la empresa que muchos bolivianos soñaron desde su creación, hace más de 70 años: una gestora industrial, con polos petroquímicos que harían de Bolivia un centro energético continental. El presidente Morales lo admitió a medias cuando, hace pocos días, decía que íbamos mal en el sector. Y poco después venía el mazazo de la eliminación de golpe de subsidios. El empeño en mirar al pasado y en ahuyentar las inversiones privadas empieza a mostrar frutos indeseables para todos.
Periodista
Harold Olmos
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