Pese a que la idea inicial era que la iniciativa saliera del Senado sin ninguna modificación a lo aprobado por el Congreso, socialistas y 'populares' acordaron introducir como enmienda una modificación del Código Penal para que los jueces puedan aplicar a estos supuestos medidas cautelares, como el cierre de locales, que están previstas para las personas jurídicas tras la última reforma legislativa.
Este paso ha provocado las críticas del PNV, que ha censurado que se reforme el Código Penal a través de "atajos" y disimulándolo en una ley que no tiene nada que ver. "Sin atajos y de cara", ha reclamado a los dos grupos mayoritarios la senadora nacionalista Miren Lore Leanizbarrutia.
Esta modificación hará que la proposición tenga que volver a la Cámara Baja para su ratificación y retrasará la publicación de la reforma electoral en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque se cuenta con que entre en vigor para las elecciones municipales y forales del próximo 22 de mayo.
La reforma se centra en ampliar los plazos para impugnar candidaturas, que estaban muy tasados, habida cuenta de Batasuna y sus marcas sucesoras aprovechaban que caducaba el plazo para desvelar sus intenciones y anunciar cuál era su apuesta para las elecciones.
El senador del PSOE José Luis Vallés ha explicado que la iniciativa tiene un "claro mensaje", y es decir a los violentos que se taponarán todas las vías "ambiguas" por las que trataban de buscar un resquicio para entrar en las instituciones sin rechazar con contundencia violencia o distanciarse de ETA.
Y además ha puesto como ejemplo el caso del Ayuntamiento de Mondragón tras el asesinato del concejal socialista Isaías Carrasco, cuya alcaldesa de ANV se negó a condenar el atentado ni distanciarse de la violencia y no prestó las instalaciones municipales para los homenajes al fallecido.
Su compañero del PSE Miguel Ángel Urquiza ha coincidido en el mensaje y ha resumido el objetivo de la reforma legislativa en "defender la democracia del terrorismo". "Batasuna intenta entrar en las instituciones sin el menor esfuerzo posible, sin condenar a ETA como si no hubiera pasado nada --ha criticado--. Así no, los demócratas somos generosos, pero no tontos ni ingenuos. La ley es la misma para todos y a todos nos debe obligar igual. Les queda un largo camino por resolver, pero lo tienen que transitar ellos solos".
El PP estará "vigilante"
También ha defendido la iniciativa la portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Rosa Vindel, que ha recordado que la ilegalización de Batasuna fue una de las medidas que más daño hizo a ETA porque le hizo perder una de sus principales vías de financiación.
"Cuando las ideas se confunden con la violencia, la violencia las contamina y convierte sus fines y medios en un todo incompatible con la democracia", ha sostenido antes de recordar que ahora le corresponde al Gobierno aplicar estas medidas y avisar de que el PP "estará vigilante" para que así sea.
También ha apoyado la reforma la senadora del UPN, María Caballero, que ha defendido que no se trata de prohibir ideas ni ideologías, sino de "respetar el método democrático para defenderlas". "Para que quienes no creen en la ley y la democracia no puedan volver a poner la trampa y no puedan volver a estar en los ayuntamientos", ha resaltado.
La voz crítica la ha puesto la senadora del PNV Leanizbarrutia, que ha defendido las enmiendas de su grupo --todas ellas rechazadas por el resto de partidos-- y ha criticado el acuerdo "férreo" entre socialistas y 'populares para tramitar esta legislación, que considera que no es otra cosa que una "vuelta de tuerca" a la Ley de Partidos.
La senadora nacionalista ha reconocido su "honda preocupación" por el texto y ha advertido de que contiene cuestiones "de dudoso encaje constitucional", ya que "no pocos de sus contenidos" generan inseguridad jurídica.
Evitar que tomen posesión cargos de Batasuna
La reforma contempla que, en el supuesto de que la apuesta de Batasuna no se desvele hasta el mismo día de las elecciones, el texto amplía también el plazo para recurrir la proclamación de electos con el fin de evitar al menos que éstos puedan llegar a tomar posesión de sus cargos.
Asimismo, se introducen unos cambios legales para impedir que los sucesores de Batasuna permanezcan en sus escaños después de que se ilegalice la marca con la que se presentaron, atribuyéndoles una incompatibilidad sobrevenida que podrán salvar si hay una renuncia expresa de las causas que motivaron la ilegalización de esa formación.
A esta proposición de ley se añadió una enmienda acordada también por PSOE y PP para extender a las agrupaciones de electores las nuevas medidas contempladas en esta reforma de la LOREG, un asunto que había quedado pendiente de cerrar y que ambas formaciones sellaron hace unas semanas.
También incluye otra de UPyD, con la que se busca impedir que se presenten a las elecciones los condenados a inhabilitación, aunque no sea por sentencia firme "por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".
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